- La intervención de los militares en la lucha contra la seguridad ha triplicado el número de casos de violencia y homicidios
- Reitera CIA llamado a que gobierno promueve una controversia constitucional; municipio de Puebla deja precedente ante la SCJN
Con la militarización del país en cuatro años se han registrado la mitad de desaparecidos que en la lucha que lleva Colombia por más de 45 años en contra del narcotráfico y el crimen organizado, consignó Abraham Anaya Treviño, representante del colectivo Ciudadanía Informada y Activa, por lo cual enfatizó que no es la solución al tema de seguridad, ya que se han triplicado los casos de violencia, homicidios dolosos; y recalcó que esto ha provocado que al caer un líder del narco se desate la lucha por el control de la plaza, “la moneda de cambio en medio somos los ciudadanos”.
En el Foro de Discusión sobre la Ley de Seguridad Interior que el colectivo encabezó en el Congreso del Estado, mismo que se prolongará hasta hoy martes, el activista señaló que se trata de un problema complejo en el que se requiere hacer un análisis exhaustivo e informar puntualmente a la ciudadanía sobre los riegos que conlleva esta medida del gobierno con la que se pretende un clima de paz y tranquilidad, pero que sólo sería en apariencia; “es lo que estamos intentando, tratando de juntar a gente que sabe de esto, tienen más de diez años en su estudio y saben las consecuencias de lo que está pasando”.
Recalcó que prevalece un desconocimiento en general de la ciudadanía sobre lo que contempla la recién promulgada ley, ya que no se difunde que al entrar en vigor no sería necesario una orden judicial para que los militares detengan a una persona, sino que sólo bastaría la creencia o sospecha de que pudiera ser el actor de un crimen o delito de cualquier índole; “se está llevando esto a un nivel más bélico y más agresivo, pero no se está dirigiendo, pero no se están poniendo ni los contrapesos, ni las condiciones para que esto se dirija al crimen, simplemente es una manera de intimidar a la sociedad”.
Ante el precedente que dejó el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por la controversia constitucional en contra de esta ley, mismas que ya fue aceptada por la Suprema Corte de justicia de la Nación, Anaya Treviño dijo que hasta el momento no se ha tenido respuesta de esta petición expresa al gobernador Martín Orozco para que en Aguascalientes se replique este trámite. El gobernador, al igual que la mayoría de los diputados y otros servidores que deben atender el tema, desairaron la invitación que el colectivo les hizo al mencionado foro, con la intención de que se involucraran más en el debate y conocieran las posturas ciudadanas al respecto. “Que escuchen a gente que sabe de este tema y que tiene muchas cosas que decir al respecto, para que no tomen esas decisiones tan a la ligera, con sus pactos que tengan entre político y partidos; muchos de ellos aprobaron la ley y ni la alcanzaron a leer”.
Conminó a los políticos a involucrarse a fondo en el tema para que comprendan la delicadeza de legitimar la actuación del Ejército en las calles, “un candidato viene y va o un presidente tiene su periodo, pero la ley se queda, y si mañana tenemos un tipo como Trump o un loco megalómano va a tener un poder total, sin contrapesos de usar a los militares contra quien quiera”, consignó el promotor de la lucha contra la LSI.
Si bien la inseguridad ha sobrepasado la actuación de las corporaciones policiacas, el activista afirmó que hay alternativas para hacerle frente, estudiar cuales son las mejores, porque si bien es importante que se genere un marco legal para que los militares puedan tener mayor certeza en su actuación contra el crimen organizado, debe privilegiar la protección al ciudadano.
Marcela Pomar Ojeda, integrante del colectivo CIA, recalcó que la única forma de combatir al crimen organizado es con inteligencia y con fiscalización, a lo cual no se han abocado las estrategias de los gobiernos; “¿cuántas cuentas bancarias, cuántos patrimonios se han confiscado?; ¿cuánta investigación se está realizando al respecto?; entonces ¿cómo se quiere combatir eso?, hay que fortalecer a las policías, el sentido de la investigación es nulo”, cuestionó la activista.
Consideró que el gobierno ha asumido una postura autoritaria en este sentido, al no escuchar lo que expertos en la materia tienen para abonar, pues las decisiones sobre la Ley de Seguridad Interior se tomaron sin el debido análisis o debate, opiniones de las que surgen diversas posibilidades de solución de conflictos.
“Ahí empieza la corrupción, porque cuando un funcionario no es capaz de llevar a cabo sus funciones y su responsabilidad, es un detrimento para el pueblo, porque se le están pagando honorarios, se le está confiando una responsabilidad para la cual no está a la altura; nosotros no nos sentimos representados porque no están dando la soluciones que la población necesita”, respondió a pregunta expresa sobre la designación de funcionarios a modo en instancia que deben procurar la transparencia, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
