- Homicidios se elevan en un 9 por ciento cuando participa el Ejército en combates delincuenciales
- El Ejército y la Marina no son instituciones diseñadas para realizar labores de policía, sino para eliminar al enemigo
Hoy en día hay más de 20 entidades en el país que tienen presencia de las fuerzas armadas realizando labores de seguridad pública, situación que inició en 2007 cuando el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, desplegó a los militares en diez estados, por un problema de inseguridad que rebasaba a los policías, pero que estaba focalizado en la frontera chicha de Tamaulipas y en Michoacán, con ello se masificó el uso del Ejército para tareas que no son propias de su formación, enfatizó el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Alejandro Madrazo Lajous.
Si bien en 2008 se reformó la constitución para dejar en claro que la seguridad pública debe estar en mano de civiles, con lo cual quedó de manifiesto que ni como auxiliares pueden participar las fuerzas castrenses, Calderón Hinojosa no quiso ceder a esta reforma por lo que propuso reconsiderar el texto de seguridad interior que no se había utilizado desde el siglo XIX, para justificar que no se trataba de tareas de seguridad pública, sino de seguridad interior en las que colaborarían los militares, detalló el experto en política de drogas.
Recalcó que aunque la ley no pasó entonces, ahora se trae de nueva cuenta a discusión, con una intención clara de pretender violar la constitución, al reetiquetar las acciones de seguridad pública como si fueran de seguridad interior; agregó que la ineficacia de estas acciones están documentados por el CIDE, empatan con los estudios e investigaciones realizados por otros organismos en el sentido de que por cada combate que dan las fuerzas federales en un municipio, se eleva en promedio un 6 por ciento la tasa de homicidio en un lapso de tres meses, pero si hay participación específica del Ejército se eleva hasta en un 9 por ciento este índice.“Las intervenciones federales no han servido, han exacerbado la violencia, pero cuando son militarizadas la exacerban aún más”.
Además de ello, Madrazo Lajous dijo que se ha documentado estadísticamente como la militarización ha derivado en una violación más amplia de derechos humanos; los índices de letalidad arrojan que mientras en países en guerra la tasa más alta es de 0.5 por ciento, es decir, cinco heridos por cada muerto, en México se llega al extremo de alcanzar 79 muertos por un herido en un año, específicamente con la participación de la Marina.
Precisó que en general los índices de letalidad han fluctuado entre ocho y 14 muertos por cada herido; “es inaceptable, es exorbitante y es un indicador claro de que hay por lo menos en ciertas regiones, como en Tlatlaya que quedó documentado, una política de exterminio, pero no hay razón para creer que sea una excepción totalmente aislada”.
El investigador del CIDE enfatizó que los índices de letalidad también se explican porque el ejército y la marina no son instituciones diseñadas para realizar labores de policía, sino para eliminar al enemigo; aún no habiendo mala fe en su actuar, dijo que lo natural cuando se despliega en población civil, es que haya una gran cantidad de muertos, porque para eso están entrenados, no para detener o investigador. “No es la responsabilidad del Ejército, sino de la clase política que utiliza al Ejército en una función para la que no debería de estar”.
