- Martín Jáuregui se pronuncia a favor de citatorios y no detenciones para faltas administrativas
- Detenciones por parte de los policías por faltas administrativas son una pérdida de energía
El anterior presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, se pronunció a favor de que las faltas administrativas sean sancionadas con un citatorio y multa económica en lugar de un arresto.
En el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 2017 se dio a conocer que la mayoría de las detenciones que se presentaron en ese año fueron por faltas administrativas con 55 mil 500 casos de disturbios en vía pública, beber alcohol en la calle o estar bajo el influjo de algún sicotrópico entre otros, elevándose hasta un 20 por ciento dicho registro conforme a 2016.
Al respecto, el expresidente de la Cedha mencionó que si bien, es la sociedad la que debe decidir lo que se considera como una falta administrativa, actualmente los policías que deben actuar en estos casos carecen de mecanismos que les permitan actuar de una manera disuasiva.
Según Martín Jáuregui la falta de mecanismos reglamentarios que permitan que haya una actuación de la policía de manera disuasiva genera el encono de la sociedad en contra de los policías que son vistos como agresivos, prepotentes e intimidantes.
Las faltas administrativas pues, no necesariamente deberían ser sancionadas con el arresto que además de generar desgaste en la fuerza policial del municipio por hechos que no son de por sí peligrosos, aumenta el encono de los ciudadanos en contra de los oficiales apuntó el exombudsman.
En otros países, advirtió Martín Jáuregui como un ejemplo para Aguascalientes, la comisión de una falta administrativa no significa la detención del infractor, sino que generalmente se aplican citatorios con un juez que determina si la falta debe ser sancionada y como debe serlo, ya sea con servicio social o una multa económica lo cual evitaría que se generen enfrentamientos con la policía.
En entrevista, el secretario de Seguridad Pública del Municipio, Antonio Martínez Romo, incluso llegó a considerar “prudente” que algunas de las hoy consideradas faltas administrativas se conviertan en delitos, ante lo cual Martín Jáuregui expresó: “Qué bueno que no es legislador, si fuera legislador sería un problema muy serio”.
Actualmente, lamentó que cuando la policía detiene a una persona por una falta administrativa el juez le sanciona con hasta 36 horas de cárcel, la pena máxima; sin embargo al estar detenido, cualquier expresión puede ser considerada como un ultraje a la autoridad, lo que deriva en otra sanción de hasta por 36 horas nuevamente, hecho que a señalamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que niega que exista esta falta, la Cedha, durante la administración de Martín Jáuregui fue una observación que se hizo a la SSPM.
El ultraje, apuntó el expresidente de la Cedha, está basado en parámetros subjetivos establecidos por la propia autoridad que se dice la ofendida, acción que podría ser evitada si de primera se evita el arresto y se promueven los citatorios.
