- La Fiscalía General se reservó los detalles de las investigaciones
- Solamente en enero de 2018, se presentaron mil 83 denuncias contra funcionarios fueron interpuestas en todo el país ante los ministerios públicos de los estados
En poco más de tres años, 86 delitos cometidos por servidores públicos fueron denunciados en Aguascalientes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con la dependencia de la Secretaría de Gobernación, se abrieron seis averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos por funcionarios, en 2015; 30, en 2016; 46 en 2017 y cuatro en enero de 2018. Dicha información comenzó a publicarse a fines del año pasado, como parte de los cambios a la metodología para el registro y clasificación de la incidencia delictiva.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado se reservó los detalles de estas investigaciones, al solicitársele esta información vía transparencia.
La respuesta a la solicitud con folio 45555, explica que “dentro de los campos de datos generales de los registros de Sistema Integral de Procuración de Justicia (SIPJ), no está este órgano de procuración de justicia obligado a explicar o realizar la clasificación de si es o no un servidor público el que comete el delito”.
La Fiscalía argumentó que, si un empleado público comete una falta a la ley, será tratado como ciudadano sin hacer distinción de cargos en la carpeta de investigación que inicie la Vicefiscalía de Investigación del Delito.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, que marca que: “La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público de los mencionados en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado, será perseguida y sancionada en los términos de lo establecido por el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, previa declaratoria de procedencia de conformidad con lo que establece la presente ley. Si se contraviene lo anterior, el presidente de Congreso librará oficio al tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda su tramitación en tanto se resuelve si ha lugar a proceder, ordenando la inmediata libertad del servidor público si éste se encontrare detenido”.
El documento añade que en relación con los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, quienes que cometan algún delito se regirán por la ley de la materia y por el órgano competente para realizar los procedimientos de responsabilidad administrativa.
En todo el país, las querellas contra servidores públicos presentadas ante los ministerios públicos estatales registran una tendencia al alza, ya que en 2015 se interpusieron once mil 486; en 2016, subió a trece mil 356 y en 2017, fueron 14 mil 793.
Solamente en enero de 2018, mil 83 funcionarios fueron denunciados en todo el país.
