- Las denuncias con motivo de faltas administrativas deberán resolverse en un plazo de seis meses: Martha Márquez Alvarado
- Firmarán convenio interinstitucional para que dependencias realicen los cambios estructurales previstos en la Ley de Responsabilidades
La titular de la Contraloría Estatal, Martha Cecilia Márquez Alvarado, informó las dependencias públicas y organismos descentralizados adecúan sus estructuras a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, parte fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción.
Detalló que el nuevo marco normativo prevé que cada ente cuente con autoridades investigadoras y substanciadoras de faltas administrativas.
Las primeras están a cargo de indagar y determinar la existencia de presuntas responsabilidades, para que las segundas procedan -de manera independiente- en los términos previstos en la ley.
“La ley especifica que tiene que haber independencia entre estas unidades para que uno investigue y el otro juzgue, como quien dice es un juez el que dice si está bien la investigación y procede la responsabilidad y por lo tanto una independencia, la unidad sustanciadora determina si es una falta grave o es una falta leve, si es leve, los órganos internos de control determinan la sanción, y si es grave se irá a la Fiscalía o a la Sala Administrativa”.
Por este motivo, la funcionaria estatal anunció la firma de un convenio de colaboración interinstitucional para que todas las entidades del Gobierno estatal cuenten con sus propias unidades investigadoras y substanciadoras: “Esto a qué obliga, siempre lo ha hecho, pero ahora con mayor contundencia, porque si los órganos internos de control no radican las denuncias, no le dan avance a los procedimientos, los responsables serán los órganos internos de control”, detalló en entrevista para La Jornada Aguascalientes.
Añadió que cada entidad decidirá, en función de sus capacidades, si esas unidades son integradas por el personal que labora en sus contralorías, o bien, habrá nuevas contrataciones.
Esta nueva estructura promete mayor celeridad en los procesos por responsabilidad de empleados públicos, ya que el plazo para atender una denuncia, una vez radicada, será de seis meses, “ya no los puedes esconder, ya no puedes hacer como que nada pasó, ya no podrá darse la vuelta tan fácilmente a los asuntos”.
Adelantó que los próximos procesos contra funcionarios de la pasada administración -a cargo del priista, Carlos Lozano de la Torre- serán desahogadas en apego a los métodos establecidos en la nueva ley.
La contralora reconoció que continúan indagándose posibles irregularidades cometidas por exfuncionarios, todas las dependencias están sujetas a revisión: “De que hay irregulares las hay, ya las dimos a conocer en cantidad y no queremos hacer un mal manejo de la información. Cuando haya denuncias concretas se dará a conocer sin afectar a los presuntos responsables (…). Es parte de un procedimiento normal que se lleva a cabo, hay avances y como les comenté conforme avance la información se los daremos a conocer”.
