- Trabajan con mínimos recursos y no resuelven la necesidad de acceso a la justicia de las mujeres
- Mujeres víctimas de la violencia machista representan más del 60 por ciento de la población, por lo que resulta imposible que un centro pueda con todo este problema: Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña
Los centros de justicia para las mujeres no resuelven el problema de atención a las mujeres víctimas de violencia, señaló la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, quien hace una seria crítica a esta política pública, al considerar que es todo lo que pueden hacer los gobiernos para resolver esta problemática: “Porque se piensa que con tener una casa o centro de justicia con un policía, una trabajadora social o tal vez con un ministerio público, en sí un pequeño grupo de personas que entre comillas atienden, ya se resolvió el problema, y lo único que hicimos es sacar del Palacio de Justicia (Poder Judicial) los temas de las mujeres y colocarlos en la ‘casita’”, externó quien contribuyó a la creación de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Señaló que esta acción fue muy buena cuando estaba en manos de la sociedad civil organizada, de donde surgió la idea, pero si se transforma en una política pública, en una de justicia, se está totalmente errado al subrayar que las mujeres deben acceder al Poder Judicial y estas deben estar abiertas a cualquiera que sea el tema, además de atenderse con personas sensibles a estos temas.
La investigadora y feminista apuntó que a fin de contar con centros de justicia eficientes, sería necesario destinar la mitad del presupuesto del Poder Judicial a estos centros, al representar las mujeres a un poco más de la mitad de la población total del país; aunque tampoco se trata de dividir y excluir a la otra parte de la población: “Ningún país desarrollado tiene espacios especiales para la justicia de las mujeres distintos del resto de la población; tienen tribunales especializados pero dentro del mismo Palacio de Justicia, lo mismo que hay tribunales para los temas mercantil, penal, familiar, etcétera”.
Es necesario además considerar -dijo- la gran cantidad de mujeres víctimas de la violencia machista que hay, que representa más del 60 por ciento de la población, por lo que resulta imposible que un centro pueda con todo este problema, “además desde el punto de vista patriarcal dirán ‘ya tienen su centro, ¿ya qué están peleando?’, a pesar de que todos los centros adolecen de poco presupuesto para su funcionamiento”.
Recordó que los centros o casas de Justicia fueron impulsados en México por Laura Carrera Lugo (experta en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia), Patricia Olamendi Torres (integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y Rosario Robles (ahora titular de la Sedatu), quienes trajeron la idea de Estados Unidos, pero allá lo operaba la sociedad civil, y acá lo trajeron como una política de estado, para la cual les fueron asignados la corta cantidad de doce millones de pesos para su construcción, sin considerar los salarios de las personas que ahí iban a trabajar, entre otras necesidades para su operación.
“Un centro de justicia cuando hay 7.5 mujeres asesinadas al día en nuestro país, cuando el 60 por ciento de las mujeres en México sufre algún tipo de violencia machista grave, y el cien por ciento cualquier forma de violencia que incluye el hostigamiento a acoso callejero; ¿cómo un solo centro va a atender todo eso? No porque las mujeres no necesitemos que se nos abran las puertas, sino porque eso no sirve, es como hacer una campaña contra el cáncer de mama repartiendo curitas. Quien inventó esos centro, y ya te di los nombres, no tienen ni la más remota idea del problema, porque son mujeres privilegiadas, así de sencillo”, señaló enfática la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
