- Conferencia de Miguel Carbonell: uno de cada tres penales es gobernado por reos
- Iniciativas de reforma hechas en la entidad recibirán primeras observaciones este jueves
Implementar lo antes posible la Reforma Penal (cuyo plazo de aplicación es 2016) y con ella los juicios orales es necesario para México, pues en algunos de los 437 penales ubicados dentro de su territorio continúa gestándose una serie de conflictos sistémicos, refirió Miguel Carbonell, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En dichos términos, señaló que en el país uno de cada tres reclusorios observa señales de autogobierno por parte de los internos, lo cual se debe a factores como el bajo número de custodios por cada detenido, así como a la mala calidad en los filtros de seguridad.
“Para el autogobierno los reos también necesitan armas, se han incautado hasta granadas, navajas, pistolas y armas punzocontundentes en el interior de los penales, y eso es porque hay corrupción en las aduanas”.
En rueda de prensa, el catedrático anotó que aunque no es el caso de Aguascalientes, en otras 23 entidades de la República no existe la clasificación criminológica, lo cual fomenta la idea de que los penales son universidades del crimen.
“Significa que un ladrón puede estar durmiendo junto a un secuestrador o puede estar conviviendo en la mañana con un homicida, y un defraudador fiscal puede estar conviviendo con un sicario… hay un reclutamiento al interior de los penales, hay mucha gente que entra por delitos menores, todos los que están por robos de 3 mil pesos mejor sería que repararan el daño, porque si los metes seis meses a la cárcel van a tomar contacto con delincuentes más peligrosos y va a haber contaminación, eso está documentado”.
Adjuntó que el 95 por ciento de las extorciones telefónicas se ejecuta desde las penitenciarías, pues sus autoridades “ni siquiera pueden controlar quién llama, cómo llama y qué acceso a celulares tiene”.
Asimismo, Carbonell consideró que la reciente reforma a la legislación contra el lavado de dinero “es muy importante”, dado que enfatiza en el cuidado del manejo de efectivo. Precisó que al tratarse de grandes cantidades toda maniobra deberá practicarse a través de cuentas bancarias para poder rastrear el origen del dinero.
Desde hace años, expuso, la Administración de Drogas y Narcótico (DEA por sus siglas en inglés), calculó que en México se lava cada año entre 25 mil y 35 mil millones de dólares, situación que contrasta con las “escasísimas” sentencias condenatorias dictadas en función de este delito (ocho durante 2009, en todo el país).
Refirió que la Reforma Penal posee diversas virtudes para eliminar vicios del sistema carcelario. La oralidad en la justicia promueve la vía de la conciliación y la rapidez de los juicios.
Durante su intervención, Gregorio Zamarripa Delgado, diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, informó que el jueves entrante la LXI Legislatura recibirá de un comité de evaluación las primeras observaciones sobre las iniciativas presentadas para regir la materia.
En este sentido, declaró el profesor de la UNAM, el mayor número de objeciones suele derivar de la falta de concatenación, pues en tanto alguna procuraduría de justicia propone un plan de acción, los poderes Ejecutivo y Legislativo hacen lo propio con uno distinto.
Zamarripa apuntó que uno de los focos de atención será la “avanzada de estudiantes” de Derecho, sobre quienes caerá la responsabilidad de ejercer los juicios orales en un futuro.
“Esta semana será de arduos trabajos”, dijo al final.
