En la conformación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, existe la figura de los representantes populares plurinominales, de los que todos se quejan pero permanecen.
En la actualidad es bastante común que estos espacios sean ocupados por políticos que los utilizan como trampolín para continuar dentro del gasto gubernamental sin tener que desgastarse en una contienda electoral.
Lo anterior resulta inquietante más cuando estamos en un año con crisis financiera mundial con efectos hacia el país por el crecimiento del desempleo, pese a ello seguiremos soportando esta carga financiera gracias nuevamente a nuestros mismos congresistas mexicanos.
En medio de este escenario electoral la ciudadanía nos cuestionamos acerca del costo financiero que estas figuras representan a pesar de que el fin de la reforma que hace algunos años se hiciera, apuntara a la pluralidad ideológica de los partidos políticos
Hoy resulta bastante gravoso para el país el gasto público que representan estos integrantes del Poder Legislativo. Es indispensable recalcar que el sistema representativo mexicano no ha tenido modificaciones sustanciales desde la formulación del Constituyente de 1857, aunque sí ha variado el método para garantizar la eficacia de los diversos códigos electorales que se han promulgado.
En 1986 se reformaron los artículos 51 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de ampliar a 500 el número de diputados en la Cámara Baja, de los cuales 300 corresponden al principio de mayoría relativa y 200 al de representación proporcional.
Dicen los expertos en el tema, que la figura de legisladores plurinominales produce ciertas desventajas: “la fragmentación de la función legislativa que dificulta la tarea gubernativa por parte de una mayoría parlamentaria, y la proliferación de coaliciones inestables y minorías que eventualmente conduzcan a una parálisis política”.
Diez años más tarde, en 1996 la reforma que reintegra a la Cámara de Senadores permitió crecer a 128 el número de representantes populares donde la mitad, 64 son elegidos por el voto directo, 32 por el principio de primera minoría y los 32 restantes son electos por la representación proporcional mediante un sistema de lista votado en una sola circunscripción plurinominal nacional.
Es así que los candidatos a diputados y senadores de representación proporcional no hacen campaña, simplemente cada partido incluye a conveniencia a determinadas personas en una lista que es publicada en los diarios de circulación nacional, dependiendo del número de curules asignadas por mayoría relativa y a la votación total que obtenga el partido, podrá tener o no una curul.
Cada vez resulta más cuestionable la permanencia de esta figura al prevalecer en la designación de las candidaturas, los intereses de los institutos políticos en el ámbito local y nacional. Justamente porque los mexicanos no nos sentimos representados ni por los partidos políticos, mucho menos por estos legisladores sin voto.
La representación política debiera darse en función de los intereses, deseos y opiniones de los ciudadanos, y no de los partidos. De acuerdo a las encuestas realizadas en el ámbito local y nacional, los mexicanos dudamos incluso de la eficacia de estos representantes populares que votan conforme a los lineamientos de los institutos a los que pertenecen.
Convertidos en chapulines, siguen viviendo a costillas del pueblo, brincando de un puesto a otro sin la intención de legislar a favor de la ciudadanía, más bien obedeciendo a sus propios intereses y los de los institutos que representan.
