- El Colegio de Abogados en lo nacional promovió un amparo en contra del Congreso de la Unión, por no acatar la reforma constitucional
- Podría declararse anticonstitucional que los asuntos laborales ya no se resuelvan por las juntas de conciliación
En la publicación del 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación sobre la reforma constitucional al artículo 123 apartado A se establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federal, por lo que todos los juicios laborales serían resueltos por juzgados o tribunales que no formarían parte del Poder Ejecutivo, sino del judicial.
En los transitorios de esta reforma se establece que deberá llevarse a cabo en un periodo máximo de un año, tiempo que ya venció, sin embargo, no se cumplió; el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex en el estado, Juventino Romero de la Torre, detalló que hubo la presentación en diciembre pasado de una reforma promovida por el senador Tereso Medina e Isaías González, dirigentes además de la CTM y la CROC, respectivamente, misma que no ha sido atendida en el Senado y que debería ser mandada a la Cámara de Diputados, una vez que la aprueben, para su estudio y aprobación.
Señaló que la premura de que se dé atención al tema es debido a que el periodo ordinario de sesiones vence el 30 de abril, por lo que podría dejarse en el tintero este asunto para la siguiente legislatura; “tenemos 20 días para que salga esta reforma, yo veo un poquito difícil que esta reforma salga de la Cámara de Senadores y se vaya a la Cámara de Diputados y en 20 días se resuelva”.
Precisó que independiente a ello, ya no está dentro de los términos que se establecieron en la publicación del Diario Oficial, lo cual ha derivado en que el Colegio de Abogados en lo nacional ha promovido un amparo en contra del Congreso de la Unión, porque no han llevado a cabo esa obligación respecto de la publicación de la reforma constitucional.
Con dicho panorama es difícil que se avance en esta transición en el corto plazo, aunado a que en muchos estados, como es el caso de Aguascalientes, en el presupuesto de egresos de 2018 para el Poder Judicial no se contempla el establecimiento de tribunales o juzgados laborales, cuando implica partidas presupuestales importantes.
Romero de la Torre indicó que hay discrepancia al respecto porque el decreto establece que los juicios que se están ventilando en la Junta de Conciliación y Arbitraje, deberán resolverse con base en la misma ley, lo cual consideró adecuado, sin embargo, también se establece que va haber una transición de los juicios, de las juntas de conciliación a los juzgados o tribunales; enfatizó que en esta medida ya no se estarían respetando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que establece que los asuntos laborales se resuelven por parte de las juntas de conciliación, lo cual podría declararse como anticonstitucional.
