- La Constitución ya contempla un juicio político que tienen como finalidad el poder revocar el mandato a un gobernante para que responda por sus actos
- Con la eliminación del fuero se conseguiría que cualquier funcionario pueda ser procesado y sancionado por las legislaciones vigentes
A ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia de la República conviene que en el corto plazo se logre una reforma constitucional donde se incorpore la revocación de mandato, a raíz de que se puso en la mesa el tema en el debate realizado el domingo, al ser una de las propuestas del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a la que José Antonio Meade y Margarita Zavala se opusieron por considerarlo un gasto excesivo y que da poca certeza al país; mientras que Ricardo Anaya resaltó que sólo se podría considerar si el Congreso la legisla.
Para ello, tendrían que pasar muchas reformas constitucionales para que se pueda instaurar, no es algo que no se pueda lograr en el corto plazo, indicó el presidente de la Barra de Abogados, Julio César Esparza Hernández, ya que deben coincidir muchas voluntades; indicó que lo que es favorable es la propuesta que se ha hecho en varios estados y ya se aprobó en el Congreso de la Unión para la eliminación del fuero, con lo que se conseguiría que cualquier funcionario pueda ser procesado y sancionado por las legislaciones vigentes y aplicables, principalmente en lo que se refiere a mandato penal.
Detalló que la revocación del mandato no es una idea nueva, si bien es viable, se requiere de muchas voluntades para que se alcance esta reforma constitucional, además resaltó que nuestra constitución ya contempla un mecanismo como es el juicio político que tiene como finalidad el poder revocar el mandato a un gobernante para que pueda responder por los hechos que se le imputan.
Sin embargo, apuntó, que como en otros casos, uno de los principales factores que influyen en las instituciones jurídicas no se apliquen al 100 por ciento es el desconocimiento que los ciudadanos tenemos de las mismas; en este caso, además la legislación para un juicio político en contra de un funcionario también contempla ciertos candados, no son mecanismos a los que se pueda acceder tan fácil o que cualquier ciudadano pueda interponerlo o utilizarlo; no todos pueden ejercer un juicio político, son facultadas para ello la Fiscalía General de la República y el Senado. “Aunque las figuras existen, están cooptados al acceso al que el ciudadano normal no puede tener; es de considerarse que tenemos plebiscitos y las figuras de los referéndum, que si no son herramientas para la revocación de mandato o iniciar un juicio en contra de algún gobernante, son mecanismos sociales y de presión social para evidenciar el descontento”.
El litigante precisó que así como la revocación de mandato, existen mecanismos que si no se implementan o no se aplican es por la falta de voluntad de los actores políticos, específicamente legislativos. Enfatizó que todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado y vencido en juicio, por lo que aún y con estos mecanismos si bien los funcionarios contra los que haya una acusación penal pasarían a ser sujetos pasivo, como en el caso de muchos que están siendo procesados y con carpetas de investigación abierta en su contra, tienen derecho a interponer un juicio de amparo, mientras se resuelve su situación, si tiene o no responsabilidad; protege sus garantías y derechos humanos, pero no es un mecanismo de defensa, ya que si se le imputa una responsabilidad debe responder por dichos actos.
