- Se busca resolver problemas administrativos de nosocomios que propician la mala atención de las mujeres
- El 40 por ciento de las mujeres son víctimas de este tipo de violencia médica
- Congruente que se prueben unidades de transporte público antes de incorporarlas
Con el objetivo de evitar los casos de violencia obstétrica del que son víctimas un importante número de mujeres, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, promueve reformas al Código Penal para que se castigue a quien omita la atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas.
Detalló que no se busca criminalizar la responsabilidad profesional médica, pero si hay dolo y ganas de dañar se debe sancionar como en cualquier otro aspecto médico, sobre todo cuando un 40 por ciento de las mujeres son víctimas de violencia obstétrica, apuntó; “eso no lo podemos dejar de observar, es una realidad que debemos de atender”.
Resaltó que en este caso se vive una discriminación por razones económicas; dos terceras partes de las víctimas fueron atendidas en clínicas públicas, donde se carece del espacio adecuado y las herramientas necesarias; no obstante, precisó que en la propuesta presentada al pleno, se considera sancionar la violencia obstétrica cuando sea responsabilidad directa del médico, no por carencias administrativas, “mucha de esa violencia se da porque no tienen las camas adecuadas, ahí no hay que criminalizar al médico, es un error del sistema de salud, pero cuando haya un maltrato que si depende directamente del doctor, sí será criminalizado”.
El diputado indicó que una gran cantidad de testimonios, porque no todos los actos se denuncian, se trata de mujeres que reciben una violencia reiterada por su condición y sus costumbres, que nada tiene que ver con las limitantes administrativas de los nosocomios; en el Seguro Social y en el Hospital de la Mujer es donde se da el mayor número de casos, derivado también de la sobresaturación que registran, en el caso del último nosocomio la demanda es del 130 por ciento, por lo cual ninguna mujer puede tener la garantía de una adecuada atención.
Reconoció que se busca desde a competencia legislativa resolver estos problemas administrativos y que no implique sanciones a los médicos, pero cuando la violencia depende totalmente de su actuar, se consideran penas en prisión; Sánchez Nájera puntualizó que desde la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se tipificó la violencia obstétrica como un delito, sin embargo no se consideraban sanciones, de ahí que se soliciten reformas al respecto.
Considera acertada la prueba de unidades de transporte público para avanzar en su transformación
Sobre el proyecto de modernización del transporte público, el perredista indicó que el Gobierno del Estado dependía de la aprobación de la Ley de Movilidad para que pudieran iniciar con el programa de modernización; las dos unidades presentadas este jueves estarán a prueba, para determinar su viabilidad, se ha proyectado en la ley un plazo de tres años para que se lleve a cabo la transformación en el sistema del transporte y que esté funcionando al 100 por ciento.
Consideró acertada la decisión de la Coordinación de Movilidad el que se prueben las unidades para determinar el mejor prototipo de acuerdo a las vialidades del estado y el funcionamiento del sistema de transporte, “que bueno que tomen esa medida y que bueno que ya se empiece a ver la transformación que al final es lo que la ciudadanía está exigiendo, la Ley de Movilidad es sólo un paso para llegar a la modernización del transporte”.
