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jueves, febrero 5, 2026

Dictamen donde se involucra a candidato de Morena Aguascalientes en fraude es guerra sucia: David Monreal

Carlos Olvera Zurita
Carlos Olvera Zurita
Nada, sólo 28 años de vida. Reportero en La Jornada Aguascalientes.

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  • Sin embargo, el senador aclaró que si el candidato es culpable “En Morena no consentiremos o solaparemos la corrupción, ni de los de adentro ni los de afuera”.
  • Rafael Calderón Zamarripa afirmó que el dictamen llegó a los involucrados en octubre de 2017
  • El dictamen ya está contestado pero sefirecu no ha dado resolución, afirmó candidato al Distrito I Federal por morena

 

El senador David Monreal Ávila afirmó que el dictamen emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu) por un fraude al Instituto del Agua del Estado (Inagua) por más de 620 millones de pesos en el que se involucra al candidato al Distrito I Federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, Rafael Calderón Zamarripa es parte de una guerra sucia emprendida por el Gobierno Estatal contra su partido; mientras que el candidato admitió haber firmado como testigo el contrato y haber sido enterado del dictamen en octubre de 2017.

Ayer el Comité Estatal de Morena en el estado convocó a conferencia de prensa para informar que su candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador estará de vuelta en Aguascalientes para el cierre de campaña que se llevará a cabo el 21 de julio en la Megavelaria a las 17:00 horas, para lo cual se espera la asistencia de entre 15 y 20 mil personas.

La misma la conferencia de prensa fue aprovechada por Monreal Ávila para afirmar que el dictamen emitido por la Sefirecu en el que se involucra al candidato al Distrito I Federal por Morena en un fraude al Inagua por más de 620 millones de pesos es parte de una guerra sucia del Gobierno del Estado.

A decir del senador, no existen los suficientes elementos y documentación para poder acreditar la participación activa de Calderón Zamarripa en este fraude como sí ha presentado el Comité Estatal de Morena en el caso del reparto de tinacos en Jesús María para promover el voto a favor de una candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y la dotación de despensas en la Colonia Constitución por parte del Gobierno del Estado en promoción del voto a favor para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

Aunque David Monreal apuntó que la participación de Calderón Zamarripa, fue la de un funcionario modesto con 22 años trabajando en el Inagua, aclaró que dada la magnitud de los señalamientos, “En Morena no consentiremos o solaparemos la corrupción, ni de los de adentro ni los de afuera”.

Si es necesario poner a disposición al candidato para atender jurídica y políticamente este asunto, Morena lo hará, agregó el senador, “Ponemos a disposición si fuera responsable de alguna acción, en Morena no seremos tapadera ni ahora ni posterior, ni nunca, de ninguna acción, sobre todo cuando dañe al patrimonio de los ciudadanos (…) pero es guerra sucia del Gobierno del Estado tajante”.

Monreal Ávila aclaró que no se le llama guerra sucia al dictamen que emitió la Secretaría de Fiscalización, mas sí es posible llamar de esta manera al mal uso de una acción para llevar un asunto judicial a un asunto político o el ventilar algunos asuntos que todavía no tienen ninguna prueba que se haya consumado.

El candidato apuntó que la firma que aparece en este contrato es la de él como testigo, ya que durante sus funciones en el Inagua no eran las de autorizar obras como sí la del director general o el encargado jurídico, además que el documento fue un contrato de obra pública licitado en CompraNet y sí se trató de una obra realizada, “Yo no participo en procesos de licitación, hay un Comité de Licitaciones formado por contraloría y la cámara de la industria de la construcción, de los colegios y muchas personas más”.

Para sumar a la idea de que la revelación de este dictamen ante los medios de comunicación se trata de una guerra sucia, el extrabajador del Inagua, apuntó que este fue entregado en octubre de 2017 a los interesados, él y otras siete personas más, mientras que fue hasta abril de 2018 cuando se dio a conocer públicamente, “Ya está cerrado, ya está contestado, pero la contraloría no nos ha dado resolución”.

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