- Guerra Scott demandó al IEA por trabajo que según el director no realizó
- Hay pruebas de que el litigio fue llevado a cabo por la Dirección Jurídica del IEA
El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, afirmó que el abogado que demandó a la dependencia estatal por falta de pago de sus servicios está cobrando por el trabajo que no realizó, afirmación para la cual se tienen documentos comprobatorios.
El viernes 15 de junio el IEA confirmó que la dependencia estatal ha sido demandada por el abogado que llevó el caso de la compra de tabletas a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar); pues se le dejó de pagar porque no realizó el trabajo para el que fue contratado en la pasada administración.
Lo anterior se supo luego de que ese viernes el exdirector del IEA, Francisco Chávez Rangel, fuese citado como testigo ante el Juzgado Primero de lo Civil del Poder Judicial del Estado, para brindar información que se pueda sumar al caso por el que el abogado que se habría encargado del litigio del caso Unacar ha demandado al Instituto que hoy está en manos de Raúl Silva Perezchica.
Esto fue confirmado ayer en entrevista por Silva Perezchica quien señaló que hubo una contratación de un abogado externo al Aparato Jurídico con el que cuenta el instituto de nombre Martín Paulo Guerra Scott, quien es precisamente el abogado, a quien se le vincula con una relación de amistad con Chávez Rangel.
Según Silva Perezchica, se realizó una investigación y no se encontró evidencia del trabajo que está cobrando el abogado y por el que demandó a la institución pues todo fue realizado por la dirección Jurídica del IEA, “Hay informes de actividades, en la contratación se tienen que tener evidencias de los trabajos, de gestiones, de lo que se ha hecho por parte de cada quien y desde luego nosotros tenemos evidencia por parte de la gente del instituto”.
El contrato, indicó el director, es de cerca de seis millones de pesos (6 millones 700 mil pesos según la Dirección Jurídica), dinero con el que el abogado no solo habría tenido que llevar el caso, sino continuar con la asesoría una vez que fuese determinado con el laudo a favor del instituto como sucedió, “Hubo desde luego un prorrateo de la parte de que iba a hacer ahí, y la parte que nos toca es la resistencia del pago porque no tenemos evidencia de trabajo”.
Su administración, aclaró el director, no ha pagado un solo peso al abogado y este no había sido contratado como parte del personal del Instituto, como se llegó a decir en algunos medios de comunicación, “No estamos resistiendo al pago porque no tenemos evidencia del trabajo”.
