- Se aprobó la prisión preventiva oficiosa por robo
- Con esta medida se busca erradicar la reincidencia
Este jueves fue aprobada en la última sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de la LXIII Legislatura la inhabilitación definitiva del ejercicio público a quien incurra en actos de corrupción; la llamada muerte civil abona a la erradicación este problema latente en el país, y Aguascalientes se convierte en el primer estado en aprobar esta medida.
Aunque en la sesión no estuvo presente el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, quien con sus homólogos del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez Leos y Guillermo Alaniz promovieron esta iniciativa, fue presentada por el también panista, Enrique Franco Medina, al detallar la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos, comisiones o funciones en el servicio público aplica si la falta es reiterada y se aplicará inhabilitación temporal, con la sanción de uno hasta diez años.
Como le adelantamos en la edición de La Jornada Aguascalientes del 28 de abril, esta medida contempla también a las empresas que hayan estado coludidas en delitos de esta índole, ya que sus accionistas no podrían participar en licitaciones públicas; con esto se otorgarán verdaderos mecanismos de combate a la corrupción, en lo que Aguascalientes será el primer estado en alcanzar una ley en este sentido; la intención es que esta medida se considere en lo federal.
En la sesión también se aprobó por unanimidad de los presentes la prisión preventiva oficiosa; el diputado del Partido Acción Nacional, Francisco Martínez Delgado, presidente de la Comisión de Justicia, puntualizó que los delitos patrimoniales, en especial el robo en diferentes modalidades, están causando más preocupación a la sociedad, por lo cual consideró relevante la iniciativa presentada por la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, con la que se reforman artículos del Código Penal para que se puede determinar que el robo calificado sea considerado con prisión preventiva oficiosa por parte del juez de control.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes; en lo particular, Landín Olivares, promovente de la misma, acotó que ante el incremento en un 300 por ciento de los delitos, las autoridades de procuración de justicia y la población, consideran que no hay los elementos jurídicos suficientes para que cumplan con su trabajo.
“La obligación de las leyes es defender a los ciudadanos y garantizar su integridad; es necesario que las leyes defiendan a los ciudadanos y sancionen a los delincuentes, quien roba tiene que estar en la cárcel sin importar qué fue lo que robo o a quién robó; la población estamos hartos de que suelten, después de detener 30, 40 o 50 veces al delincuente y lo volvamos a ver en la calle el día siguiente y vuelva a cometer el mismo delito”, enfatizó la diputada priista.
Mayela Macías Alvarado, diputada del Partido Nueva Alianza, abonó al dictamen con la iniciativa para elevar la seguridad del hogar de las familias, como uno de los principales bienes jurídicos contenido por los robos; señaló que estos delitos tienen consecuencias catastróficas para las familias en las colonias populares y las comunidades rurales, el despojo de cualquiera de sus bienes representa un duro golpe del que las familias tardan meses en recuperarse.
“El daño es aún mayor cuando los bienes sustraídos son instrumentos de trabajo, pues se deja a la familia sin medios de subsistencia; en el dictamen se prevé la prisión preventiva de oficio para el robo con violencia, se hace referencia a la violencia moral que son las amenazas”, precisó Macías Alvarado, no obstante, recalcó que se debe atender la violencia que el delincuente ejerce para introducirse al domicilio y apoderarse de los bienes, es conocida como violencia sobre las cosas, aspecto que pidió se incluyera en el decreto de reformas al Código Penal.
