- La Suprema Corte de Justicia respaldaría la autonomía de las entidades en esta materia
- Cada entidad debe descubrir sus prioridades con base en un diagnóstico científico
Cada estado de la República tiene la obligación de apropiarse de su derecho de diseñar una política antidrogas propia, expuso Alejandro Madrazo Lajous, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, al momento de reunirse con los presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Seguridad Pública, Salud y Vigilancia, adscritas todas éstas al Poder Legislativo de Aguascalientes.
A raíz de la Ley de Narcomenudeo, publicada en 2009, hoy día el país vive la coyuntura de una cláusula constitucional que habla de la concurrencia entre la autoridad federal y estatal en lo que a sanción de esta clase de delitos respecta.
Mientras la Ley de Narcomenudeo manifiesta que las entidades “podrán” perseguir la venta de sustancias ilícitas, la Ley General de Salud señala una obligación expresa.
“La interpretación que la Suprema Corte le ha dado a la Ley de Narcomenudeo vía concurrencias es que la Federación define los delitos y define las penas, pero los estados definen cómo se van a procesar, [aquí] hay un enorme margen para que los estados definan las políticas conforme a sus prioridades. Es muy importante tener en cuenta que no todas las drogas son lo mismo, no todos los usos de las drogas son lo mismo, y no todas la comunidades tienen los mismos problemas de drogas”.
Del mismo modo, en entrevista, Madrazo dijo que “en Ciudad Juárez hay un problema de consumo de heroína que no existe en Puerto Escondido, lo que la Ley de Narcomenudeo parece que pretendía hacer originalmente era que todo mundo aplicara la política federal a nivel local”.
Añadió que el tema central no es el de la despenalización, sino el de la focalización de esfuerzos, estrategia que a la par podría subsanar la carencia de recursos, principal queja de las entidades a la hora de entablar el combate contra el narcotráfico.
“Si el problema principal en Ciudad Juárez es el consumo de metanfetaminas tiene sentido que el estado decida perseguir esas drogas y no, por ejemplo, mariguana o LCD. Este margen es muy interesante pero los estados parecen estarlo explorando poco”.
Apuntó que la alcaldía de Nueva York ha decidido perseguir el narcomenudeo en espacios públicos, y no hacerlo con tanto ahínco en los privados, pues la fuerza pública no alcanza para cubrir ambos frentes.
Para que en México comience a generalizarse una actividad de tales características, dijo, se requiere elaborar diagnósticos “muy concretos y muy realistas”.
El investigador consideró que la premisa fundamental no es la del origen del presupuesto, sino la relativa a la priorización de las necesidades de cada una de las comunidades.
Señaló que para cumplir con el mandato legal, la mayoría de las entidades se ha limitado a reformar su correspondiente Código de Procedimientos Penales, para que sea la autoridad judicial de su jurisdicción quien se haga cargo de conocer los casos de venta de estupefacientes.
“No definen cuándo se va a priorizar, dónde se va a priorizar y cómo se va a llevar a cabo la persecución. Hay una enorme diferencia entre perseguir narcomenudistas profesionales y perseguir consumidores que quizá le convidan a sus compañeros”.
Po otra parte, Alejandro Madrazo mencionó que se ha comprobado que cuando el sistema endurece las penas judiciales para sancionar a los narcotraficantes, éstos incrementan sus esfuerzos tanto para comprar armas como para corromper a las policías.
