- Inconsistencias en los expedientes hacen sospechar un inadecuado análisis de las pruebas por parte del Ministerio Público
- Se cree que pudieran ser decenas de hechos a los que no se les dio su debido tratamiento
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga) pugna por la reapertura de cinco expedientes de probables feminicidios a los que la Fiscalía dio carpetazo como suicidios.
Estos casos, ocurridos entre 2016 y 2018, tienen en común inconsistencias que hacen sospechar a los familiares de las víctimas un inadecuado análisis de las pruebas por parte del Ministerio Público, explicó Violeta Sabás Díaz de León, integrante de la organización: “El MP les dice que se suicidó, pero las familias notan una serie de indicios que hacen creer que no se trató de un suicidio. Durante el acompañamiento nos percatamos de todas estas fallas: Desde que llega la policía de primer contacto al lugar de los hechos, luego los peritos a levantar indicios y obviamente todos estos se llevan al Ministerio Público, que lo integra mal o no hace caso de las observaciones”.
Violeta Sabás aclaró que se trabaja en estos cinco carpetas a petición de los familiares, aunque se cree que pudieran ser decenas de hechos a los que no se les dio su debido tratamiento.
En este tipo de estos casos la historia parece repetirse. La pareja sentimental da aviso de la defunción al servicio de emergencias, dice haber encontrado a la mujer suspendida y haberla bajado para darle los primeros auxilios. Los relatos también comparten similitudes: “Dice, estábamos en la sala, viendo la televisión, me dejó a los dos niños, pasaron quince minutos, fui al patio y ya estaba colgada”, detalló la activista.
Sin embargo, existen señales que despiertan sospechas: “Dicen que la persona estuvo suspendida 12 horas, pero al momento en que la encuentran tiene el brazo doblado, pero cómo lo tiene así si estuvo suspendida por el rigor mortis”. Todos estos indicios son notados por las familias de las víctimas sin un ojo experto, sin embargo, parecieran resultar invisibles para las autoridades ministeriales.
En febrero de 2018, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito ordenó a la Fiscalía reabrir el caso de Yovanna Torres Briseño, cuyo deceso registrado el 26 de mayo del 2013 fue catalogado -en medio de inconsistencias- como suicidio, a pesar de que sus familiares rechazaron el dictamen debido a los antecedentes de violencia que sufría por parte de su cónyuge.
A pesar de esta sentencia histórica, las autoridades ministeriales siguen cometiendo los mismos errores, acusó Sabás Díaz de León.
A mediados de mes, la Fiscalía difundió el suicidio de una mujer de 24 años en el municipio de Asientos, pero tras practicarse la necropsia de ley se determinó que fue en realidad víctima de homicidio doloso, debido a que las lesiones que presentaba no corresponden con la mecánica de suicidio.
La activista sostuvo: “Un día o dos que pasen son valiosos para recuperar todas las pruebas, raspado de uñas, humor vítreo, todo este tipo de cuestiones que si no se levantan a tiempo, hacen que los expedientes cierren como suicidio cuando en realidad se trata de feminicidio”.
En su opinión, este tipo de omisiones delatan falta de voluntad y no falta de capacitación por parte de los ministerios públicos.
