- Ley de Narcomenudeo abre esta posibilidad, señalan en Seminario sobre Política de Drogas
- Hay que establecer diferencias legales entre quienes consumen y venden estas sustancias
Dentro de las conferencias del III Seminario sobre Política de Drogas en América Latina, organizado en Aguascalientes por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, las investigadoras Fernanda Alonso y Ángela Guerrero expusieron algunos de los efectos que ha provocado el influjo de la Ley de Narcomenudeo.
Tras señalar que tal documento invita a legislar en materia de salud, Guerrero señaló que al unísono el Poder Legislativo de cada entidad debe comenzar a tomar en cuenta la vía de la despenalización.
“Si [con esta ley] se abrió una pequeña posibilidad de empezar a despenalizar hay que hacerlo pero en serio. El caso de Portugal, donde te dan 10 días de posesión [legal] de drogas te habla de algo que evidentemente va a generar una diferencia clara entre alguien que está consumiendo y alguien que está intentando vender”.
Manifestó que la problemática social que genera la presencia de drogas no solamente tiene que ver con la presunta falta de recursos para combatirla, sino también con cuestiones políticas y de agenda gubernamental.
En este sentido anotó que como primer paso cada entidad debe centrar sus baterías en identificar las drogas que circulan por su territorio.
“Me parece que la ley abre la posibilidad de empezar a trabajar el tema de la salud pública, de empezar a destinar una cantidad de recursos importante para este tipo de tareas… en la medida en que no se entienda quiénes son los que poseen drogas, quiénes la consumen y quiénes la venden, y no haya una distinción clara al respecto, la problemática va a continuar, hay muchos cambios legislativos que hacer… no vamos a poder contar ni siquiera con información”.
Ángela Guerrero citó la Encuesta Nacional de Adicciones 2012, la cual muestra un incremento generalizado en el consumo de inhalantes a lo largo del país.
Durante su ponencia Fernanda Alonso declaró: “hay que diferenciar los daños que se ocasionan por las drogas y los daños que se ocasionan por la prohibición”.
Asumir políticas de disminución de daños, de reinserción social y laboral de los presos por delitos narcotráfico, dijo, sería lo más recomendable.
Añadió que la mayoría de los consumidores no es gente proclive a las conductas violentas.
Toda vez que a reserva de ocho estados (entre ellos Aguascalientes) la Ley de Narcomenudeo ya está en marcha, Ángela Guerrero expuso que a la fecha resulta imposible medir la eficacia de esta disposición, pues no hay protocolos que regulen su ejercicio.
Anotó que el pasado 26 de octubre, las entidades de la región occidente celebraron una reunión con en la que se discutió dicho punto y sus implicaciones.
“No puede haber una evaluación al respecto. Otro punto muy importante que tiene que ver con el tratamiento desde la salud pública era un Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia… [su ejecución] no sucedió y tampoco había presupuesto”.
Asimismo, Fernanda Alonso aseveró que el usuario de drogas invariablemente es criminalizado, pues mientras la ley tolera la posesión de medio gramo de cocaína, la dosis mínima que se maneja en el mercado es justo del doble.
Refirió entonces la saturación del sistema penal, diezmado por una carente intervención del gobierno.
Se expuso también que hace falta distribuir información veraz acerca de estas sustancias, pues el crack y la cocaína no tienen el mismo efecto y consecuencias sobre el organismo.
