Dando continuidad a las entregas previas, me propongo abordar en este artículo la generalidad de los temas elementales en las propuestas de Reforma Fiscal, presentando los argumentos principales en que se motivan y transversalizando críticas a los razonamientos –cuando no falacias– que les soportan y defienden. Esbozo en consecuencia ciertas alternativas que son útiles para desarrollar otros planteamientos, cuya utilidad queda consignada –como siempre ha sido– al buen criterio de mis lectores.
La reforma estructural en materia fiscal es un objetivo clave para la administración entrante. Acompañada de la reforma laboral y energética, son los cepos y poleas para rearticular y dinamizar la economía. En este cariz, la idea que da vida a la reforma es que urge eficientar los mecanismos de flujo y captación de capitales con origen tributario.
Así pues, México padece graves problemas de recaudación fiscal. Tan sólo el 21 por ciento de su composición presupuestal (según datos de la OCDE) proviene de los ingresos fiscales. Para dimensionar la cifra, consideremos que países como Brasil o Argentina recaudan el 33 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, en tanto que en Suecia, por poner un contrapuesto, el porcentaje tiene oscilaciones con un promedio de presión tributaria del 50 por ciento.
¿Por qué es tan bajo ese porcentaje en nuestro país? Por un lado, la corrupción de la administración pública ha generado una cultura fiscal de evasión, que tiene importantes consecuencias deficitarias. Por otra parte, las estrategias de recaudación carecen de idoneidad social. De cualquier modo, es indispensable aumentar los recursos disponibles para realizar obra pública, financiar proyectos y mantener subsidios. Esto implica elevar el porcentaje de ingresos obtenidos mediante la recaudación. Para hacerlo y considerando lo aducido, se requiere construir instancias de transparencia y rendición de cuentas que desarticulen los nudos de corrupción que atrapan a buena porción del ingreso neto, tanto en las instancias de captación como en la dinámica perversa de la exención, que genera privilegios gerenciales. De manera simultánea, urge adelgazar el gasto corriente y crear un esquema de exposición de resultados más allá del Spot, con cuentas claras y manejo de recursos en caja de cristal.
Para elevar los niveles de recaudación de forma significativa, se ha propuesto en varios sectores aumentar el IVA. Eso se traduce como la elevación de los impuestos en áreas sensibles del consumo para los sectores con menor ingreso. Hay que considerar que estos segmentos sufren un efecto negativo en la relación del disponible para el consumo con respecto al total del ingreso, en comparación a la población con mayor ingreso. Es decir: si yo gano 100 pesos y mi patrón gana mil, igualarnos en impuestos me afecta mucho más a mí, pues aunque él aporta más cuantitativamente (supongamos que es el 15 por ciento, entonces, yo pago 15 pesos y él 150) tiene una repercusión cualitativa menor. Por ello, a mayor ingreso debe corresponder un aumento en la carga fiscal, porque quien gana más es el más favorecido y debe contribuir a la redistribución en esa medida. Como se vuelve patente, para aceptar las premisas anteriores se requiere una dinámica social de intereses compartidos entre grupos, clases y sectores productivos, que no se ha promovido en México de manera constante y con la fuerza que requiere. La réplica tradicional a esta propuesta señala que aumentar los impuestos a la población ubicada en el decil con mayor ingreso, ahuyenta capitales, pero es difícil encontrar mayores beneficios en otros países con tantos privilegios en materia fiscal.
Recientemente, Manlio Fabio Beltrones propuso la fusión del Impuesto Empresarial a Tasa Única con el Impuesto Sobre la Renta, manteniendo la tasa de 16 por ciento del IVA, pero con 3 por ciento de deducibilidad para compras no mayores a los 100 mil pesos. De esa manera se propone generalizar el Impuesto al Valor Agregado de 16 por ciento para todos los productos, con el mismo mecanismo de devolución para los alimentos, pero con una canasta básica exenta. El problema se resuelve, desde esa óptica, unificando dos impuestos e integrando un margen para la deducibilidad, con carga para las ya precarizadas clases medias. Se consigna al olvido la propuesta de equilibrar las desigualdades incrementando los aportes de los sectores con mayor ingreso
Lo cierto es que es imperativo modificar la estructura tributaria, simplificándola, reduciendo la inequidad y poniendo freno a la evasión. Pero no olvidemos que en el trasfondo del tema sobre la reforma fiscal se encuentra la cuestión del desarrollo. Para generar una contrapropuesta viable y aunado a una reconformación de la carga fiscal en función al ingreso, se debe complementar con una visión de desarrollo realmente progresista, lo cual implica un giro copernicano en los planteos respectivos. Para ello, se vuelve premisa de trabajo la diversificación de la matriz productiva, aumentando sistemáticamente los empleos y las capacidades del capital humano. Además, esto significa tomar medidas para transformar la organización de la producción, dirigiéndola hacia las actividades de alta productividad a futuro, sin dejar de incentivar la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.
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