- El contrato prevé cláusulas de rescisión que nunca se hicieron válidas por los alcaldes en turno: Alfredo Reyes
- Si se hubiera auditado anualmente a la concesionaria, pudo haberse tomado esta medida
El ex presidente municipal de Aguascalientes, Alfredo Reyes Velázquez, afirmó que existen cláusulas para la terminación anticipada de la concesión que Proactiva Medio Ambiente Caasa ostenta desde 1993, para proveer agua potable y alcantarillado a los capitalinos.
El que fuera alcalde de 1996 a 1998, administración en la que se amplió diez años el plazo de dicha concesionaria, aclaró que no era necesario ejecutar el contrato a rajatabla, “no era la biblia”, por lo que nunca fue obligatorio para autoridades en turno mantenerla durante todo este tiempo.
Consideró que la proveedora no es la única responsable del mal servicio, ya que en su momento, las administraciones municipales debieron practicar auditorías de gestión a Caasa por lo menos una vez año, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del título de concesión, lo que pudo haber derivado en la terminación anticipada del contrato: “Yo pregunto qué hizo el alcalde que me sucedió a mí, qué hizo el siguiente, qué hizo Luis Armando, qué hizo Magdaleno, qué hizo Martín, qué hizo Gabriel, qué hizo Lorena, qué hizo Toño Martín del Campo, qué está haciendo Tere Jiménez. Por que cada quién tenemos nuestra responsabilidad por tres años”.
El panista destacó que aún está en manos de María Teresa Jiménez revocar la concesión, siempre y cuando la decisión sea analizada por expertos en cuatro ejes: técnico, financiero, social y jurídico; y recordó que en su gobierno se creó un Consejo Ciudadano de Agua Potable con la idea de que participaran especialista en este tipo de análisis.
En opinión de Alfredo Reyes, la discusión debe centrarse en el modelo de concesión y no tanto en la concesionaria; además comentó que entre las empresas interesadas en prestar el servicio en Aguascalientes pudiera estar Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim.
El exalcalde apuntó que las actuales autoridades deben examinar el monto que la empresa pide por concepto de indemnización -casi mil millones de pesos-, dado que: “Yo puedo pedir el oro y el moro pero que me lo fundamenten y yo te voy a responder igual”.
En todo caso Caasa no es imprescindible, como sí lo es la responsabilidad del gobierno municipal de dotar del vital líquido a los habitantes, como marca el artículo 115 constitucional “Puede ser Caasa, puede ser otra concesionaria o puedes ser tú si es que tienes la capacidad para estar dando el servicio”.
Reyes Velázquez justificó su decisión de extender la concesión diez años a la empresa al asegurar que, en su momento, influyeron las malas políticas públicas del Gobierno Federal y la tensa relación con el entonces gobernador, Otto Granados Roldán: “Qué hubiera dado yo por tener un amigo gobernador que me ayudara a resolver el problema que se nos vino encima, que fue la quiebra de México en 1994 y en ese entorno, con una inflación de tres dígitos, tuvimos que enfrentar la obligación de dar el servicio del agua y autorizar la tarifa de acuerdo a la inflación… ¿pues cuándo?”.
Comentó que mal haría la alcaldesa si no ha convenido una solución con el gobernador Martín Orozco, ya que más del 70 por ciento de la población de Aguascalientes reside en el municipio capital.
