- El senador Juan Antonio Martín del Campo aseguró que se buscará impedir que el próximo presidente ponga a un fiscal a modo
- Acusaciones contra Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya Cortés fueron montajes, asegura panista
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Antonio Martín del Campo, condenó que procuradurías y fiscalías sean empleadas como armas de desprestigio a adversarios políticos.
En conferencia de prensa, el panista anticipó que se llevará a la cámara alta del Congreso de la Unión la propuesta de designación de un fiscal autónomo y alejada a los intereses del Poder Ejecutivo -en manos de Morena- y de cualquier otro grupo o partido político: “No estamos de acuerdo en que el presidente de la República llegue y mande una terna, porque entonces sería a su modo de él y no sería una Fiscalía autónoma.
“¿Y por qué estamos luchando por esto? Porque ya lo vimos, precisamente en campañas muchas de las veces se agrede al adversario político cuando algo no les gusta en este caso al Ejecutivo y lo vimos precisamente en este sexenio de Peña Nieto”, agregó.
El legislador federal recordó a algunos de sus correligionarios que -dijo- han sido afectados por este tipo de prácticas con la intención de difamar, comenzando por la ex candidata blanquiazul a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, a quien se le ha acusado de desvío de recursos en la SEP y Sedesol, y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que habría sido desmentido a dirigentes panistas por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
En las campañas de este año, el ex abanderado panista a la silla presidencial, Ricardo Anaya Cortés, fue también denunciado por lavado de dinero y triangulación de recursos por medio de empresas fantasma: “Le fabricaron un show y que simple y sencillamente no hubo nada y si nos vamos localmente -enfatizó- con un servidor, con la famosa narco casa”.
Martín del Campo negó que se trate de una propuesta electorera, manifestando que no se puede legislar a contentillo pensando en los próximos comicios, sino en las próximas generaciones.
En ese contexto, adelantó que está en puerta el planteamiento conocido como muerte civil a políticos corruptos, para excluir del ejercicio público, en todos los órdenes de gobierno, a los funcionarios vinculados con delitos de corrupción; así como una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución para imponer la prisión preventiva a los imputados por robo domiciliario, a manera de medida cautelar.
Martín del Campo comentó que la propuesta es semejante a la reforma aprobada por la pasada legislatura del Congreso del Estado al Código Penal de Aguascalientes, misma que tiene una debilidad, pues al ser vigente sólo en el ámbito local, alguien puede tramitar un amparo porque en el ámbito federal no tiene sustento: “Lo que estamos haciendo es reforzar para que tenga mayor peso la reforma que se hizo en su momento en la legislatura local”.
Descartó que al tomar protesta Andrés Manuel López Obrador frente tristemente este planteamiento, que tiene por finalidad acabar con la inseguridad por los robos a casa habitación y muchas veces bajo el influjo de sustancias ilícitas, principalmente cocaína y cristal.
