- Los ciudadanos tienen derecho a ver, saber y comprender cómo se está impartiendo justicia y cómo se están ejerciendo los recursos públicos
- Se debe perfeccionar los mecanismos de difusión
El magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Jorge Sánchez-Cordero Grossmann, señaló que para el Tribunal Electoral el tema de la justicia abierta ha sido agenda prioritaria desde hace mucho tiempo, por lo que siempre se están identificando retos y ofreciendo nuevas alternativas para atender y fomentar la participación ciudadana.
El magistrado se refirió a un caso que se presentó en la Sala Regional, en el que un grupo de estudiantes de Derecho solicitó participar como observadores de la sustanciación y resolución de los medios de impugnación relacionados con elecciones de dos municipios de Nuevo León. En este asunto, indicó, el debate más que concentrarse en el derecho a la información, se concentró en cómo garantizarlo.
El magistrado destacó que tal petición los llevó a reflexionar sobre los mecanismos que tiene el TEPJF, en su conjunto, para la que ciudadanía conozca su labor y, ante tal escenario, dijo, lo que se puede hacer es ir perfeccionando los mecanismos de difusión, de tal forma que los personas conozcan y ejerzan sus derechos y que el Tribunal procure difundir de la mejor manera y con la máxima responsabilidad su labor.
El magistrado de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Avante Juárez, subrayó que la impartición de justicia debe considerar que la realidad ya cambió, que somos otra sociedad, donde nuestras sentencias pueden llegar a ser leídas en cualquier parte del mundo. Al respecto, indicó que en México hay actualmente 79.1 millones de usuarios conectados a internet.
Al referirse al tema de justicia abierta, Avante Juárez refirió que se requiere que la justicia sea accesible, efectiva, transparente y cercana a la ciudadanía. Para que la justicia sea accesible, tenemos que partir del conocimiento de nuestros derechos; para que sea efectiva, debe haber un mecanismo para acceder al recurso o juicio; la transparencia está relacionada con independencia judicial y, por último, la justicia cercana debe atender el conflicto de fondo.
La representante de EQUIS Justicia para las mujeres, Fátima Gamboa, comentó que las y los ciudadanos tienen derecho a ver, saber y comprender cómo se está impartiendo justicia, cómo se están ejerciendo los recursos públicos, evaluar la eficiencia de las capacitaciones que van dirigidas a jueces y a juezas; pero, sobre todo, a saber cómo los jueces están cumpliendo con esta labor constitucional de revertir la desigualdad y la discriminación.
Gamboa indicó que la organización a la que pertenece realiza un observatorio de sentencias judiciales y, en su opinión, el Tribunal Electoral está abriendo camino y sentando precedente para otros tribunales, con lo que reconoció la labor de las magistradas y magistrados electorales que están realizando transformaciones y alianzas con la sociedad civil “para que pasemos de una ilusión de justicia a una justicia que podamos tocar con las manos”.
Irene Spigno, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), refirió que el otorgamiento de la justicia siempre ha sido una cuestión en donde los jueces y ciudadanos son parte de una relación vertical, donde los primeros imparten justicia y los segundos, han sido vistos, tradicionalmente, como los usuarios de ese servicio. Sin embargo, reconoció que estas posiciones de poder han ido cambiando, ante la necesidad de que cada institución tome sus compromisos y responsabilidades en la procuración y defensa de los derechos humanos.
José Octavio López Presa, del Sistema Nacional Anticorrupción, propuso avanzar en un combate más efectivo para reducir la corrupción, donde, dijo, se debe profesionalizar a todos los puestos claves del sistema nacional y de los sistemas estatales.
La moderación de la mesa, presentada en el marco del Observatorio: Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad. E-lecciones en tiempos de internet, estuvo a cargo de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago.
Con información del TEPJF
