- Los resultados del reciente proceso electoral han sido, en una parte importante, resultado de la suma de esfuerzos y voluntades por parte de las instituciones: magistrada Soto Fregoso
Con el objeto de analizar los trabajos realizados por las instituciones públicas y organismos autónomos que conforman los observatorios estatales, el día de hoy tuvo lugar el Segundo Encuentro de Observatorios Locales de participación política, en el cual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo a su cargo la mesa “Casos emblemáticos en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género”, moderada por la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso.
Recordó que en nuestra primera Constitución social no se reconoció a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos y, aun cuando en estas fechas se conmemora en México los 65 años del reconocimiento de las mujeres para votar y ser votadas, todavía queda un gran camino por recorrer: “recuerdo que cuando llegó la paridad, reconocida en nuestra Constitución, pensé que ya habíamos logrado lo que queríamos: la igualdad plena. Hoy, tristemente, me doy cuenta de que no es así, ya que los obstáculos para hacerla efectiva persisten. Ese es uno de los retos que tenemos identificados: el participar en política no debe implicar sufrir violencia”, por tanto, señaló, “tenemos que avanzar en que ésta sea una de las causas de nulidad de la elección, haciendo la ponderación de muchos derechos”.
Durante el proceso electoral que recién concluyó, el TEPJF, a través de Sala Superior y sus salas regionales, recibió 106 asuntos relacionados con la violencia política por razón de género. Este número de asuntos demuestra que aún quedan retos por atender, especialmente en cuanto a su eficacia.
La magistrada comentó que en las pasadas elecciones, en paralelo a la labor jurisdiccional, se fortaleció el conocimiento de las mujeres candidatas y las personas defensoras de los derechos político-electorales sobre el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de utilizarlo de manera eficaz. Sin embargo, señaló que con ello no se puede dar por hecho que las mujeres ya saben cómo presentar un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano (JDC), por lo que enfatizó que “se requiere fortalecer la capacitación, para no dejarlas solas, dar acompañamiento y hacer que se sientan respaldadas por las instituciones”.
Esta tarea requiere esfuerzos conjuntos, y ahí se establece la colaboración de las autoridades locales, como los organismos públicos locales (OPLEs) y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) con los órganos jurisdiccionales. En este sentido, la magistrada Soto Fregoso resaltó que, si bien la representación de las mujeres ha incrementado de forma considerable a raíz del reciente proceso electoral, debemos reconocer que ello ha sido por la suma de sinergias: “hemos llegado a donde estamos por una suma de esfuerzos y voluntades, entre cuyos actores se encuentran los observatorios estatales”.
Además, agregó que los órganos jurisdiccionales tienen mucho por hacer para empujar la creación de una defensoría de mujeres, ya que es conveniente y necesario acompañarlas durante todo el proceso de la demanda.
El TEPJF impulsó la creación de una red de personas defensoras que ha acompañado casos de violencia política en razón de género a lo largo y ancho del país.
Con información del TEPJF
