Todos los mexicanos bien nacidos atestiguamos con estupor reciente el drama de una caravana migrante de centroamericanos; hondureños, señaladamente, que fueron rechazados violentamente por las autoridades mexicanas en la frontera sur. Desde luego que México es un país soberano que tiene el legítimo interés y derecho de regular y encausar los flujos migratorios de y hacia su territorio, eso no está a discusión. Pero el antecedente de la exigencia imperial y la pronta obediencia de nuestras autoridades, retrata de cuerpo entero, otra vez por si hiciera falta, a un gobierno débil, genuflexo, dócil y cobarde hasta la ignominia.
Al respecto, y en primer término, podemos decir sin duda que los mexicanos somos protagonistas fundamentales de las migraciones contemporáneas como fenómeno global, donde más de 12-15 millones de nuestros compatriotas y sus descendientes viven y trabajan, aun ilegalmente, en Estados Unidos y en otros países del mundo. De manera que la migración y los derechos de los migrantes debieran ser un tema fundamental en las políticas públicas mexicanas.
Pero lejos de la tradicional protección al derecho de asilo y a la histórica apertura a quienes huyeron de la guerra y la represión, como el exilio español, argentino, uruguayo o chileno, México ya expulsa hoy a miles de personas que arriesgan su vida e integridad para pasar del sur al norte, y concretamente expulsa a más centroamericanos de su territorio que los propios Estados Unidos.
En esa lógica de control imperial se puede entender lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo en la frontera con Guatemala durante los próximos meses y que para México es un tema de evidente interés prioritario, más allá de los designios y exigencias del gobierno norteamericano. Queda la pregunta al gobierno que está a punto de entrar en funciones: los migrantes centroamericanos tienen derecho a migrar y a pasar por México o a buscar asilo y refugio cuando lo requieren, o no lo tienen. Y es una pregunta fundamental, que no se puede responder con vaciladas ni ocurrencias, porque es mucho lo que está en juego para una sociedad como la mexicana.
Porque la eficiencia de las autoridades migratorias y de la policía federal cargando contra migrantes extranjeros exhaustos, contrasta con la ineficiencia policiaca ante los delincuentes nacionales. Quienes huyen de la pobreza, la violencia y la explotación o buscan ampliar sus oportunidades, enfrentan la amenaza de mafias y criminales nacionales o de autoridades al servicio de intereses geopolíticos, que en gran medida nos son ajenos.
Aceptemos que existe un derecho a migrar, a circular libremente y a buscar la prosperidad fuera de nuestras regiones de origen. Dejemos de una vez, aprovechando nuestro reciente y nuevo empoderamiento social la ambigüedad y la hipocresía, a la que son tan afectos nuestros políticos, proscribamos y castiguemos firme y enérgicamente la discriminación racial y étnica entre mexicanos y también contra los extranjeros, pues vulnerar el derecho a migrar implica tener muy buenas razones, donde la exigencia del norte o la supuesta homogeneidad cultural no son ni pueden ser una de ellas.
Así que si acaso, podemos aspirar legítimamente a ‘ordenar’ el proceso y flujo migratorio para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y de sus sociedades de acogida (incluyendo la sostenibilidad de los sistemas de bienestar), pero nunca a impedir la movilidad de las personas.
Los conflictos migratorios son conflictos de derechos. De su derecho (de los migrantes), frente al nuestro (que también lo somos en otros países). Así que del modo en el que ordenemos estos derechos de acuerdo a su importancia, dependerá el futuro modelo de nuestra sociedad. México no puede vivir de espaldas al resto del mundo en cuestión de garantías fundamentales para todas las personas, pues nada ni nadie podrá impedir la llegada masiva de trabajadores extranjeros y de sus familias, pero el contrato social que alcancemos determinará las condiciones y los resultados de este proceso. Lo único que sabemos hasta ahora es que la obsesiva restricción migratoria vulnera normas éticas y derechos fundamentales en México y en el foro internacional y equipara el origen geográfico a un derecho caduco y feudal.
Post Scriptum. Decía Stéphane Hessel (1917-2013), uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que: “la indiferencia es la peor de las actitudes”.
@efpasillas
