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jueves, enero 29, 2026

Promoverán en San Lázaro investigación por el tomógrafo desaparecido

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  • En pie la sospecha de que se usó para pagar “comisiones” a antiguos legisladores federales
  • Me parece que la honorabilidad de la Cámara de Diputados está en juego: Rubén Camarillo

 

 

 

Este jueves 15, o a más tardar el martes 20 de noviembre, Rubén Camarillo Ortega, diputado por Aguascalientes, llevará al Pleno de San Lázaro un punto de acuerdo para dilucidar si como se ha rumorado, los 13 millones 800 mil pesos que habría costado un tomógrafo “comprado de manera ficticia” y desaparecido durante el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, pararon en el bolsillo de una serie de ex legisladores federales como parte de un “premio” por gestionar recursos para la entidad.

Rubén Camarillo | Foto: Gilberto Barrón

“Si ya nos pagan bastante bien por hacer nuestra chamba, no creo que haya necesidad de que se le pague a un diputado… nomás eso faltaba, que ahora para hacer nuestra chamba todavía nos tengan que dar comisión”.

El de Acción Nacional apuntó que en estados como Nuevo León, Sonora, Michoacán y Veracruz se ha hablado de ilícitos de naturaleza similar.

“Pareciera ser que para que bajen los recursos hay que darle una mochada al diputado, eso es vergonzante”.

En entrevista con la prensa, refirió que dicho punto de acuerdo tendrá como objeto buscar que no haya duda de la calidad con la que los integrantes de la Cámara Baja se conducen al instante de votar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al manifestar que Ernesto Ruiz Velasco y Alma Hilda Rodríguez (ambos de extracción panista) ya se deslindaron de las imputaciones, señaló que el caso merece ser investigado hasta sus últimas consecuencias.

Camarillo refirió además que para hacer lo propio éste es el momento más indicado, pues la LXII Legislatura se encuentra en la antesala de la discusión y aprobación del presupuesto para el año entrante.

―El tomógrafo no ha aparecido, ¿esto se contempla dentro del punto de acuerdo?, preguntó La Jornada Aguascalientes.

―El tema de fondo es ése, se dice en una declaración por ahí que ese dinero fue sacado [del erario] para que se pagaran este tipo de comisiones, alguien tiene que dar la cara por ello y lo tiene que hacer de inmediato, no se puede dejar esto como un comentario a la ligera, ni en Aguascalientes ni en ninguna otra parte del país. Me parece que la honorabilidad de la Cámara de Diputados está en juego.

Al respecto se ha manejado la hipótesis de que el gobierno de Reynoso Femat, enemistado con la administración de Felipe Calderón, recurrió a las maniobras en comento pues escaseaban las ministraciones federales.

El pasado 21 de agosto Ventura Vilchis Huerta, director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes cuando Reynoso era gobernador, fue detenido por la Policía Ministerial en la ciudad de Zacatecas bajo cargos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Días más tarde el ex funcionario sería puesto en libertad tras pagar una fianza de 8 millones de pesos.

El 14 de septiembre Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno, y Alberto Solís Farías, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lamentaron que Alfonso Román Quiroz, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declarara la nulidad de procedimientos administrativos de responsabilidad en el caso de Vilchis Huerta.

Aquel día Solís declaró: “no coincidimos con esta postura, contraria a la instrucción del señor gobernador de abatir por todos los frentes las acciones de corrupción y de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas”.

La Jornada Aguascalientes también reportó que: “advirtió sin embargo que esta actitud no incide en el ánimo de la Secretaría de Fiscalización a su cargo, pues las expresiones de este funcionario (Alfonso Román) tendrían repercusión únicamente en el plano administrativo y no impedirán que se continúe con el procedimiento, incluso penal, en contra de Armando Jiménez Sanvicente, Jaime Santos Landín, Pedro Carneado García, Ventura Vilchis Huerta, Florentino Reyes Berlié y Alejandro Albarrán Castañeda, a quienes se les investiga por desviaciones de recursos públicos que en su conjunto alcanzan al momento los 25 millones de pesos”.

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