Uno de los grandes retos que enfrenta la transparencia en el país es evitar su judicialización, esto es, que los mecanismos de acceso a la misma a pesar de estar regulados en normativas que establecen pasos procesales, no se transformen en los juicios kafkianos que tanto lastiman al ciudadano. Y es que, ciertamente, para lograr que el habitante pregunte información, la ley debe dar orden y por ende instituir una serie de normas de carácter adjetivo que producen la tentación, tanto en las unidades de transparencia como en los propios organismos garantes, de sujetar al ciudadano común y corriente a las reglas procesales lo que en última instancia puede provocar un difícil acceso a los datos públicos.
En la práctica diaria del órgano garante en Aguascalientes, vemos dos tipos de actitud de los entes gubernamentales frente a los errores de peticionarios de la información: desechar sin hacer el mínimo esfuerzo para corregir, suplir la deficiencia o tratar de interpretar que quería el ciudadano y la posición contraria, es decir, aquellas unidades de transparencia que son encabezadas por funcionarios que son proactivos y que tratan de dar el mayor número de datos de tal forma que, quien acude a solicitar datos, vea colmado su derecho de acceso a la información.
Pongamos un ejemplo de buenas prácticas: dentro de la solicitud marcada con el número 48229, se pidió a la Universidad Autónoma de Aguascalientes los estatutos, leyes o reglamentos de la conformación de la Federación de Estudiantes (Feuaa) la sociedad de alumnos de medicina, la sociedad de alumnos de ciencias políticas y la sociedad de alumnos de derecho, escaneados y digitalizados. La entidad educativa, dio respuesta sólo anexando el acta constitutiva de la Feuaa, por esta razón, el solicitante interpuso recursos de revisión ante el ITEA, pues alegaba que faltaron los estatutos de las sociedades de alumnos de ciencias políticas, medicina y derecho.
En el procedimiento que se llevó a cabo ante el organismo garante, y que fue desahogado en la ponencia del comisionado Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, la Universidad amplió su respuesta original, y si bien afirmó que no está obligada a contar con los estatutos de las sociedades de alumnos de dichas carreras, pues son personas jurídicas privadas, en un acto de buena fe y bajo el principio de máxima publicidad, la Secretaría General de la UAA requirió a las sociedades de alumnos en cita, para que le hicieran llegar una copia de sus estatutos, mismos que se entregaron a la recurrente.
Ciertamente la entidad de educación superior, no estaba obligada a contar con la información solicitada, no obstante fue proactiva e invirtió tiempo y esfuerzo para dar al ciudadano todos aquellos datos que pidió. Pudo, en pleno ejercicio de sus derechos, no entregar ningún dato y el ITEA habría confirmado esta negativa. Como éste, hay otros sujetos obligados que se esfuerzan por contestar a los ciudadanos y, a pesar de que les implica más trabajo y recursos, deciden satisfacer a plenitud el derecho.
Del lado contrario, hay unidades de transparencia que en la imprecisión de los ciudadanos (que por regla general no son abogados) encuentran recovecos legales para declararse incompetentes, negar la información, alegar inexistencias, en suma, para trabajar menos. En nuestro archivos, por ejemplo, hay dos casos, en que por utilizar el peticionario un sinónimo para el concepto respecto al cual pedía la información, le fue negada. Nuestro criterio es que, ante la inexactitud, si existen otros elementos que den claridad, se debe revocar la respuesta del sujeto obligado y obligarla a entregar la información, no en todos los casos podemos hacer esto pues podríamos violentar el derecho de defensa de las unidades de transparencia.
El camino para evitar la judicialización es difícil, sin embargo, en Aguascalientes se ha avanzado, así lo demuestran diversos factores, como el hecho de que exista la información al 100% en casi la totalidad de los sujetos obligados (algunas notas de prensa fundada en ello lo demuestran). Esperemos que en la medida que las unidades mejoren sus respuestas, que la información esté en la página web de cada ente gubernamental, cada día sea menos necesario acudir al órgano para garantizar el derecho de acceso a la información.
