- La iniciativa de Morena prevé que el Instituto Nacional Electoral organice una consulta anual sobre revocación de mandato
- El INE no estaría obligado a intervenir de cajón salvo cuando las consultas sean convocada por los ciudadanos
Si las consultas públicas se vuelven parte de la vida democrática del país -como promete Andrés Manuel López Obrador- será necesario empoderar presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) que será la autoridad responsable de su implementación.
El vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, recordó que el grupo parlamentario del presidente electo, Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para hacer parte a los ciudadanos de las decisiones gubernamentales que afectan el interés general.
La propuesta legislativa establece que entre las atribuciones del INE, estará la organización de una consulta anual en el primer domingo de julio con miras a efectuar la revocación de mandato: “Así lo dicen sus letras en la discusión, tendrá que salir, pero cuando la ley cause estado y si el INE participa anualmente en la consulta nacional tendrá que ser empoderado presupuestalmente”.
También se presentaron iniciativas para reformar los artículos 36, 41, 73 y 108 de la Constitución, para que votar en los procesos de revocación de mandato del presidente de la República, así como en las consultas populares en los términos que señala la ley, sea un derecho y una obligación de todos los ciudadanos, además de que el presidente de la República pueda ser removido de su cargo, independientemente de las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante su periodo de funciones.
De acuerdo con un proyecto de ley promovido por el senador aguascalentense Daniel Gutiérrez Castorena (Morena), el INE no estará obligado a intervenir de cajón y será responsable de organizar estos ejercicios de participación sólo cuando ésta sea convocada por los ciudadanos, lo que podrá hacerse en cualquier momento, salvo durante periodo electoral. Entre los convocantes, se incluye a los gobernadores, al jefe de gobierno de Ciudad de México y a los legisladores locales.
También se pretende eliminar el candado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la constitucionalidad del tema a consultar, con el argumento de que este requisito es limitador, retrasa los tiempos y, en general, complica el procedimiento.
Actualmente sólo puede realizar una consulta pública a través de la convocatoria del presidente y con el aval del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
