Se debe analizar su sintonía con la Constitución y los tratados internacionales
Diversas bancadas locales apoyan la moción de tipificar el delito de feminicidio
Miguel Ángel Juárez Frías, presidente de la Comisión de Justicia en Congreso del Estado, mencionó que para el actual periodo de sesiones se priorizará “establecer con una severidad ejemplar la sanción… para quienes cometan un delito contra la mujer”, toda vez que los poderes Legislativo y Judicial, además de la sociedad organizada, debaten en torno a la tipificación del feminicidio en Aguascalientes.
En este sentido señaló que la cadena perpetua no se ha descartado.
“Tendríamos que analizar el concepto en términos constitucionales y en términos de los tratados internacionales, igual como el tema de la pena de muerte. Hay que ser muy responsables en el planteamiento que se haga… para que el día de mañana no vayan a darla para atrás a una reforma que traiga la mejor intención pero con la más absoluta inconsistencia”.
El Artículo 18 constitucional (que versa sobre las garantías individuales), dijo, sería una de las plataformas a contemplar para la implantación de la cadena perpetua.
“Si hay una sentencia de 60 años sin beneficios bajo ninguna circunstancia, alguien que comete un feminicidio a los 40 difícilmente va a salir vivo” de prisión.
Este viernes parte de la diputación local encabezó una reunión a puerta cerrada. En ésta se delinearon algunos aspectos sobre el tema.
Óscar González Mendivil, subprocurador de Justicia, llamó a la planificación cuidadosa, pues el dictamen que sea llevado al Pleno deberá evitar cruzar los términos de las disposiciones vigentes. Citó que la Ley de Protección a Víctimas del Delito se vería modificada, y que esto conllevaría un incremento presupuestal.
La postura del Partido Verde Ecologista, promovente de una de las iniciativas, apunta hacia el establecimiento de agravantes. Sergio Augusto López Ramírez, coordinador de esta bancada, citó en dicha reunión que se debe legislar de inmediato para ejecutar penas que oscilen entre 10 y 40 años de cárcel cuando cualquier persona sea culpable por feminicidio.
Dado que los métodos empleados para privar de la vida a una mujer son de los más “crueles”, se pronunció a favor de la tipificación del delito.
La fracción del Partido Nueva Alianza también simpatiza con esta moción.
Armando Quezada, asesor del grupo, expuso que en caso de no encontrar las agravantes necesarias para perseguir un feminicidio, la autoridad judicial debería juzgar al inculpado con base en los criterios del homicidio doloso.
El Partido de la Revolución Democrática es uno más de los impulsores del feminicidio. El diputado Gilberto Carlos Ornelas refirió la viabilidad de apelar a un protocolo de investigación de tales crímenes, para que tanto la policía Ministerial como la Preventiva queden sujetas a sus lineamientos.
Evitar que los elementos de estas corporaciones contaminen la escena del crimen, como suele ocurrir, es uno de los objetivos del protocolo.
El del sol azteca también mencionó que a fin de elaborar políticas públicas en torno a la prevención del feminicidio es necesario que la Procuraduría de Justicia del Estado quede facultada para llevar a cabo todo el cruce de datos estadísticos. De igual modo, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres debería desarrollar campañas de perspectiva de género para impactar en los funcionarios del poder Judicial.
En este marco, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se vería necesariamente reformada.
Durante el evento tomó la palabra Verona Valencia, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quien apuntó que los últimos asesinatos de mujeres ocurridos en la capital justifican por sí solos la creación de un tipo penal autónomo.
En representación de varias asociaciones de activistas, Roxana D’Escobar instó a los diputados locales a enfocarse al análisis de un tema tan serio.
La mayoría de los homicidios contra mujeres, añadió, son producto de años de violencia y abusos; una “muerte anunciada”.
Omar Williams López Ovalle, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se pronunció a favor del establecimiento de políticas de prevención, pues el fenómeno no será diezmado con base en reformas penales.
