Urge replantear la legislación local en materia para que se eleve a delito grave el acto de corrupción
Con la liberación para asignación directa de recursos en salud y seguridad, el estado va en una dirección opuesta a la transparencia
Adriana García Campos
Si la iniciativa de frenar la corrupción se aplica desde la autoridad y coadyuva la sociedad en un esfuerzo colectivo con expertos en la materia, es posible lograrlo, señaló el presidente del grupo IBN Industrias Militares, Arturo Ávila Anaya; recalcó que cuando este cáncer que afecta de manera drástica al país se trata de contener desde el gobierno, es cuando más resistencia hay de la población por considerar que va implícito un acto de corrupción en cualquier acto gubernamental.
El experto en estrategias de seguridad recalcó que se deben llevar a cabo foros de participación para que la ciudadanía se encuentre bien informada y participe en la construcción de un mejor país; “poner directrices reales que tengan consecuencias reales, que tengan planteamientos reales; para acabar con la corrupción puede haber cambios importantes; la iniciativa viene de la sociedad civil y eso va a ser muy importante”.
Ávila Anaya recalcó que el Sistema Estatal Anticorrupción como está construido no funciona, debido a que no ha habido consecuencias para los hechos en los que se comprueba este tipo de delitos, por lo que urgió a un replanteamiento del mismo y una legislación en este tenor para que se determinen castigos y sanciones precisas para quien cometa un acto de corrupción.
“Ahí está ya la ley federal en donde se va a elevar a delito grave justamente el acto de corrupción, yo creo que en el Sistema Estatal también tendría que replantearse, tendría que haber una modificación completa para que existan consecuencias, no solamente recomendaciones, si no, sería un sistema estatal de broma y de risa nada más”, subrayó el promotor del proyecto México, cuyo objetivo es sumar a la población a este combate frontal.
Consideró que es grave que en contraparte se estén propiciando actuaciones gubernamentales que incitan la comisión de delitos de corrupción, como es el caso de la aprobación que en días pasados se dio en el Congreso del Estado para abrir a la asignación directa el recurso, principalmente para adquisición de medicamentos y seguridad, al arbitrio de la autoridad en turno, cuando lo considere necesario, sin que propiamente sea declarada una contingencia que lo amerite.
“Al parecer hay una enorme resistencia porque las cosas cambien en Aguascalientes, cuando la dinámica del país es justamente evitar la corrupción, cuando la dinámica del país es ciertamente transparentar este tipo de procedimientos, cuando es prohibir las adjudicaciones directas, cuando es evitar los conflictos de interés, el estado va en una dirección opuesta”; lamentó Ávila Anaya que Aguascalientes presente este foco rojo en el que se debe actuar de inmediato e incitar a la denuncia de cualquier tipo de actos fuera de la ley, por parte del empresariado y la sociedad en general.
Recalcó que es justo frente a un periodo electoral que se dan este tipo de cambios en la ley, que permiten actuaciones en materia de seguridad y salud que vulneran un ejercicio presupuestal de manera discrecional y al libre albedrío de los tomadores de decisiones.
