Ocurrido ya el cambio de gobierno el 1 de diciembre y agotado el largo puente Guadalupe-Reyes, no vamos a negar que la idea de cambio de régimen que subyace detrás del amplio y contundente triunfo de Morena el año pasado, es un buen motivante para iniciar 2019 con ánimos renovados. Sin embargo, no podemos soslayar que aun así, el reto que la sociedad mexicana enfrenta este año nuevo es mayúsculo.
Veamos el caso de nuestro texto constitucional, por ejemplo. Al respecto, podemos decir que lo que hoy día representa la Constitución (que en su día fue uno de los textos más avanzados del mundo reconociendo por primera vez algunos derechos sociales) nadie lo sabe y casi nadie lo respeta. Así, nuestra Constitución es en 2019 uno de los textos más alterados, confusos y anacrónicos de Iberoamérica y tal vez del mundo. De ese tamaño es nuestra involución social en materia constitucional, pues el texto vigente no responde a ningún modelo, no articula ningún proyecto y no refleja un discurso coherente. Esto, porque nuestra inefable clase política la convirtió en una acumulación errática de cambios en todas direcciones, que contiene tanto unas ideas llamadas “modernas”, tales como la fragmentación de la responsabilidad política en multitud de organismos e instituciones “autónomas” de dudoso compromiso y utilidad pública, como las nociones que hicieron posible un longevo régimen autoritario dominado por un partido de estado y sus sucesores y aliados en el ya caracterizado “pacto de impunidad” de los últimos sexenios. Y así hemos visto en los pasados años una reforma constitucional tras otra, sin que ningún responsable político repare en sus alcances y significados. Lo cierto es que ante el déficit crónico de ciudadanía en México, es fácil para la clase política intentar manipularla burdamente antes que leerla y hacerla cumplir. Y así lo hacen hipócritamente quienes encuentran significados “inventados” en la Constitución. Por ejemplo, cuando pretenden hacerle decir que la vida debe protegerse “desde la concepción”, que están prohibidas las uniones entre personas del mismo sexo, o muchas otras situaciones sociales que en modo alguno está regladas en la constitución ni tienen por qué estarlo, puesto que una Constitución reconoce esencialmente libertades y derechos del gobernado frente al poder público. Así que la manipulación constitucional sirve sobre todo para avanzar una agenda claramente ideológica, no jurídica, no legal, no de justicia, y mucho menos constitucional. Es así como las violaciones constitucionales se potencian y se multiplican en un país donde nadie parece sentirse especialmente concernido por la gravedad del estado de cosas imperante. Y así es como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución se hacen papel mojado todos los días en distintos escenarios: tortura, desaparición forzada, impunidad, prevaricación judicial, discriminación étnica y racial, financiamiento ilegal de partidos y campañas, robo y fraude electoral, amenazas a la libertad de expresión, extorsiones, maltrato de internos en reclusorios, pobreza extrema, gasolinazos y un largo etcétera. De ello resulta que la llamada división de poderes se vuelve una ilusión en entidades federativas y municipios del país, por no hablar del poder central, pues de la violación masiva de derechos fundamentales en México por todo tipo de autoridades y documentada y denunciada por diversos organismos internacionales nadie parece hacerse cargo, y mucho menos responsable. Todos miran hacia otro lado cuando se trata de depurar responsabilidades. En casos extremos se eligen “chivas” o “chivos expiatorios” y se simula procesarles y a veces hasta sancionarles, pero nada más allá.
El compromiso con la Constitución es tan precario que ni siquiera el Congreso, que aprueba las reformas, las aplica. Allí está el claro ejemplo de la reforma laboral, sin leyes reglamentarias al día de hoy. De modo que la “dejadez” del estado mexicano a todos sus niveles en sus deberes fundamentales demuestra algo más que omisión: es un abierto desprecio por nuestra carta fundamental. Ningún partido u organización social que propone seriamente como plataforma política el simple hecho de poner como tema único de cumplir todos los días con lo que la Constitución ordena. Tan simple y tan alejado de la agenda política nacional. Tienen razón pues quienes dicen que antes de proponer reformas integrales a la Constitución haríamos mejor en cumplir su texto vigente, pero eso no hace más que poner en evidencia el largo camino que deberá recorrer todavía la sociedad mexicana antes de poderse reconocer en un estado democrático, social y de derecho. Hagamos votos entonces por pasar de un cambio de gobierno a un cambio de régimen en el futuro cercano.
@efpasillas
