A través de un comunicado de prensa dirigido a la opinión pública en general, a la Fiscalía General del Estado, al gobernador Martín Orozco Sandoval, a la presidente municipal de Aguascalientes Teresa Jiménez Esquivel, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las autoridades federales, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes establece su postura en el caso de desapariciones forzadas en el estado, mismo que reproducimos a continuación:
“De acuerdo con organismos internacionales, la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, es decir, detrás de las desapariciones forzadas hay un red de instituciones y servidores públicos que operan desde la impunidad.
“Durante los últimos días ha sido del conocimiento público el caso del policía ministerial Jaime Tejada Ponce, alias “comandante Rojo”, como responsable de la desaparición forzada de un hombre el año pasado. También ha sido del conocimiento de todas y todos, su muerte dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social para varones de Aguascalientes, y con ello, la posibilidad de acceso a la verdad y la justicia para la víctima de desaparición forzada y su familia ha sido, nuevamente, obstaculizada.
“Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado hemos sido enfáticas en denunciar irregularidades en las investigaciones, la falta de preparación de servidoras y servidores en la atención a víctimas, constantemente hemos denunciado la ausencia de seguimientos de los protocolos necesarios en determinados casos, así como el retraso de las investigaciones de las personas desaparecidas en Aguascalientes, negligencias que vulneraron la cadena de custodia, donde los testigos cambian de domicilio, favoreciendo la revictimización e impunidad, y con ello la ausencia de verdad y de justicia para las víctimas y sus familias.
“En el caso del policía ministerial y su relación con la desaparición forzada no sólo destaca su relación directa con el estado y las instituciones de impartición de justicia en Aguascalientes, sino que, además, la evidencia fue aportada por la esposa de la víctima a través de los medios de comunicación, hecho que visibiliza, una vez más, el nulo respeto al principio de oportunidad de la debida diligencia y la ausencia de instituciones seguras y funcionariado público capacitado en atención a víctimas.
“Este caso público nos alarma porque devela el principal lazo de las desapariciones forzadas: el Estado y sus instituciones, que, por autorización, apoyo e ignorancia, han sido participes en la crisis de seguridad que se vive en el estado. En este caso, surgen preguntas que es necesario sean respondidas por los poderes estatales de esta y de pasadas administraciones en las cuales participó Jaime Tejeda Ponce, a fin de garantizar que, pese a la muerte del policía ministerial, la investigación por desaparición forzada siga su curso, que se investigue a funcionarias y funcionarios públicos de alto rango, y que se garantice, a través de los lineamientos nacionales e internacionales, instituciones de impartición de justicia apegadas a los Derechos Humanos.
“Exigimos, por tanto:
*Una investigación exhaustiva de la persona que fue desaparecida por el policía ministerial, a fin de poder localizarla.
*Que se garanticen las medidas de seguridad para su familia.
*Que sean investigados otros casos en los que pudo existir la participación de Jaime Tejeda Ponce y sus colaboradores en la desaparición forzada de más personas en Aguascalientes.
*Medidas de seguridad para las familias de personas desaparecidas que han señalado anomalías en las investigaciones de sus casos.
*La investigación de la cadena de custodia del director del Cereso.
*Investigación en todas las instituciones de seguridad de las que formó parte el policía ministerial.
*En un estado de crisis de seguridad, no podemos permitir que la impunidad se imponga como respuesta ante la exigencia de verdad y de justicia para todas las víctimas y sus familias.”
Con información del OVSGA
