Hace 14 días, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una serie de bloqueos en las vías férreas de distintos puntos de Michoacán como Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Nueva Italia, Yurécuaro y La Piedad; como una medida para exigir a la Federación y al gobierno de la entidad el pago de 6 mil mdp, que dicen corresponden al pago de nómina, prestaciones y bonos de maestros (en activo y jubilados).
Esta organización, que fue creada por allá de 1979 como una escisión del SNTE ante la falta de mecanismos democráticos para la elección de sus dirigentes, se ha distinguido desde hace tiempo por su forma de conseguir recursos, recursos que ni son fiscalizados, ni tienen repercusión directa en la mejora de la calidad educativa.
En este escenario han salido a relucir distintas posturas. Una de ellas preocupa en demasía: la tibieza y el desaire del Gobierno Federal ante el secuestro estratégico de vías de comunicación, que además expresa entrelíneas la forma en que operarán los colaboradores del Presidente, evitando a toda costa confrontaciones que le resten apoyo (y por supuesto votos) a esta administración.
Al decir del secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, que se trata de un conflicto entre la CNTE y el gobierno de Michoacán y que por ende son esos actores los que deben buscar una solución al mismo, prácticamente reveló que la administración obradorista no cargará con el costo político de hacer frente a una organización que cuenta con al menos 76 mil agremiados dispuestos a todo para conseguir sus demandas.
Sin embargo, es por conocido por muchos que la calidad educativa no ha sido, no es, ni será prioridad para López Obrador. Desde campaña lo dejó en claro. Nunca habló de la necesidad de transitar hacia una sociedad del conocimiento, de la importancia de las economías digitales, de la forma en que otras naciones, como Canadá, Inglaterra y Finlandia, han aprovechado la tecnología y la conectividad para reducir las brechas sociales. Al ahora Presidente eso no le interesa.
Por el contrario, su discurso sobre la “necesidad” de tirar la Reforma Educativa fue permanente. Decía que ésta laceraba los derechos de los maestros. Sabía que ello le acuñaría la simpatía y los votos de más de un millón 600 mil miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por supuesto de los grupos más radicales de la CNTE.
No pasaron ni 15 días cuando, siendo ya presidente de la República, Andrés Manuel firmó y envío al Congreso su iniciativa para derogar la reforma. Cumplió su palabra, lo hizo rápido y sin titubeos. Sabía que echarse encima a los grupos sindicales de la educación implicaría un inminente conflicto.
El escenario que se vive Michoacán ha golpeado a la economía local y nacional. Se calcula que al momento los bloqueos han costado 10 mil mdp y que veinte por ciento de las mercancías que se distribuyen desde esta región al resto del país, están detenidas. Además, a causa de los bloqueos cerca de 100 mil alumnos están sin clases en esta entidad.
En sus ya acostumbradas ruedas de prensa matutinas, el titular del Ejecutivo informó que se otorgaron 200 millones de pesos a la CNTE y que en breve se transferirán otros 800 millones más. El problema no es el pago de lo que está pendiente, el problema es que con estas acciones el gobierno cede al chantaje, al secuestro, cede para evitar un conflicto pero se convierte en rehén de estos grupos.
De los 260 mil michoacanos en condición de analfabetismo, de las deficiencias estructurales en escuelas, secundarias y universidades del estado; de la falta de profesores calificados, así como del control del presupuesto y de la política educativa que ejercen estos grupos… de eso, de eso mejor ni hablamos.
