El año de 2010 el Presidente Felipe Calderón envió al Senado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual también es conocida como Ley contra lavado de dinero. Esta ley busca evitar que los grupos criminales sigan siendo fortalecidos con dinero producto del narcotráfico, trata de personas y robo de automóviles a nivel internacional, sin dejar de tomar en cuenta las extorsiones y secuestros que igualmente necesitan el “blanquear” el dinero producto de estas actividades ilícitas.
En este tipo de actividades no debemos olvidar el daño que hacen a quienes trabajan honradamente, pues al “blanquear” dinero a los delincuentes no les interesa obtener ganancias en sus operaciones comerciales, sino sólo blanquear los recursos e incorporarlos al flujo normal del comercio, industria y servicios, motivo por el cual los que realizan operaciones lícitas nunca pueden competir con aquellos que usan dinero ilícito.
Esta ley obliga al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el área de investigación del mismo rubro de la Procuraduría General de la República y un área de investigación, que aunque muchos no lo saben existe en la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora con las modificaciones que se han propuesto por el Presidente electo Peña Nieto pasará a ser parte de la Secretaría de Gobernación.
La promulgación de esta ley armoniza nuestro marco jurídico con los países que han firmado el protocolo del GAP. En este protocolo tanto a nivel nacional como internacional se obliga a las empresas privadas a informar a las autoridades Nacionales de emisión de tarjetas de crédito, otorgamiento de préstamos, tanto por los canales normales de bancos, financieras, privados por hipotecas, venta de vehículos, inmuebles, joyería, relojes, piedras preciosas y la contratación de servicios contables y jurídicos; todo esto cuando sea en efectivo o por más de 200 mil pesos, y en el caso de inmuebles de 1 millón de pesos, o cuando el vendedor considere que es una operación inusual; renglón aparte especifica el mercado accionario y de cambios en los cuales se debe llevar un control muy estricto de usuarios y con limitantes en cuanto a cantidades y sobre todo cuando sea en efectivo.
Todo esto ha sido duramente cuestionado en virtud de que es posible por la corrupción que existe en las policías investigadoras y en un país en que se siguen imprimiendo billetes por el Banco de México; por otro lado se convierte en delito el manejo del efectivo, esto va a dejar en estado de indefensión a orfebres, notarios y empleados de entidades bancarias, financieras y de cambios, y a vendedores de autos.
Por otro lado los informes internacionales nos dicen que las jugosas ganancias que obtienen los grandes Bancos internacionales (recuerden HSBC, Bank of America y otros) provienen del lavado de los rendimientos del narcotráfico; lo anterior en los países industrializados es un tabú para la prensa de esos países. Veamos el libro recién editado y cuyos autores son dos economistas Colombianos: Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, titulado Anti-drugs Policies in Colombia: Successes ,Failures and Wrong Turns (Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y cambios equivocados) en su estudio de este fenómeno llegan a la conclusión de que el 97.4 por ciento de las ganancias del narcotráfico se quedan en manos de los grupos criminales internacionales y son lavados en bancos de los países industrializados que al mismo tiempo son países “consumidores” y sólo el 2.6 por ciento se queda a lavarse en los países “productores” como Colombia, México y América Central, siendo estos países los que pagan el mayor costo en vidas y dinero de la lucha contra este flagelo.
Otro aspecto importante que apuntan es que los países consumidores como los Estados Unidos y los europeos, no tienen los controles en los bancos y en la actividad económica que están imponiendo, tanto Colombia como ahora México; con esta famosa ley mencionada líneas arriba contra el lavado de dinero en estos países sigue respetándose puntualmente el secreto bancario.
En una entrevista el coautor del libro, Daniel Mejía, observa que en los países consumidores las autoridades tienen como estrategia perseguir al “cuate pequeño”, el más débil de la cadena de distribución, pero nunca persiguen a los grandes distribuidores o revisan el sistema financiero que les lava el dinero.
Una observación importante en este libro es la que dice: “mientras la economía de la droga colombiana movió cerca 300 mil millones de dólares en el 2008, solamente 700 millones de dólares se quedaron en el país; o sea que nosotros ponemos los muertos y dirigimos nuestro presupuesto a esta lucha reduciendo los presupuestos de gasto social o de modernización de la infraestructura nacional y los países consumidores viven de maravilla gracias a nuestra desgracia”.
Lo anterior no ha sido investigado en México, pero creo que es más grave que en Colombia. Ojalá que se analice esta situación y se tomen decisiones correctas. Para empezar estimo que los retenes deben estar, en el mapa nacional, de norte a sur, pues de allá vienen nuestros problemas.
