- En Cosío se desviaron recursos para poder comprar vehículos utilitarios: Heriberto Gallegos
- Observaciones contenidas en las cuentas públicas deberán solventarse en cuatro meses
Los dictámenes de las cuentas públicas de los gobiernos municipales y estatal de Aguascalientes serán votados este jueves por el Pleno del Poder Legislativo. En tanto esto sucede, Heriberto Gallegos Serna, coordinador de los diputados del Partido Nueva Alianza, refirió en entrevista la existencia de toda una serie de erogaciones sin sustento, las cuales derivarán en sanciones administrativas.
Del Ayuntamiento de Cosío, dijo, se extrajo dinero para la compra de algunos trajes que portaron funcionarios del Cabildo con motivo de la toma de posesión del alcalde Pablo Cortés de la Cruz. Asimismo se comprobó que 1 millón 400 mil pesos fueron desviados de un fondo para obras públicas y fueron a dar a la compra de un lote de vehículos destinados a los titulares de la administración.
Tal adquisición debió practicarse con recursos del presupuesto directo municipal y no con cantidades etiquetadas.
Al anotar que Jesús María es la cabecera con el mayor número de irregularidades, expuso que el gobierno de Rincón de Romos pagó de contado 7 millones de pesos por un panteón privado cuando tiene múltiples deudas con proveedores y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSPEA).
A su vez, Gallegos citó que la Comisión de Vigilancia del Legislativo ha realizado un trabajo extenso, pues los últimos dictámenes a revisar, como paso previo a la votación, son remitidos por correo electrónico en horarios nocturnos.
La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, señaló también, compró una dotación de refresco al Merendero San Pancho en lugar de acudir en directo a una distribuidora, lo cual pone en duda los criterios de austeridad.
En la dependencia, añadió, “una factura la hacen dos porque pasaba de los 300 mil pesos para poder ser por asignación directa… les estamos diciendo ‘regrésese esa lana’, todo está bien observado”.
Asimismo anotó que en Tepezalá se presentó una situación “que de veras da risa”, pues el Ayuntamiento adquirió un camión compactador de basura y quiso sustentar la maniobra a través de una factura de una zapatería.
El diputado manifestó que la Ley de Fiscalización Superior no establece un término perentorio para concretar la solventación de todas las irregularidades encontradas, no obstante repuso que al seno de la Comisión de Gobierno se ha hablado de un término de cuatro meses.
Dijo que en todos los entes de gobierno hay observaciones similares a las descritas. Gobierno del Estado y el Municipio capital serían las instancias con el menor número de impugnaciones, adelantó.
