- Iván Sánchez afirmó que los descuentos deberían aplicarse desde el día que fueron publicadas las nuevas tarifas
- Es necesario definir esquemas de descuentos y beneficiarios, ya que actualmente no hay claridad
Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad (OCM), desmintió que los descuentos para personas vulnerables en el transporte público se debieron aplicar desde el 1 de abril, pues en los próximos tres meses habrán de definirse los descuentos y el método que tendrán las personas para acceder a ellos.
El miércoles 3 de abril el exdiputado por el Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, Iván Sánchez Nájera, declaró que tras la publicación del nuevo esquema tarifario en dos esquemas del transporte público se deben aplicar los descuentos para estudiantes, personas con discapacidades y adultos mayores desde el primero de abril: “El límite había sido el 1 de abril, entendiendo que la ley especifica claramente que una vez publicado el documento normativo de las tarifas, es decir, el que salió a la luz pública el sábado, a partir de ahí debería de ser aplicables todo el nuevo sistema de descuentos”.
Sin embargo, en ninguna parte de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes se establece que sea a partir del 1 de abril que se deben aplicar los descuentos, pues como señaló Loecelia Ruvalcaba, la ley no establece un plazo para tal efecto y en el decreto emitido por la Coordinación de Movilidad del Gobierno del Estado, donde se dan a conocer las nuevas tarifas -publicado el 30 de marzo-, se indica en el Artículo 76 un plazo de 90 días que empiezan a contar a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que entren en vigor estas tarifas preferenciales, es decir, desde el 30 de marzo.
Con lo anterior, la última fecha para que se apliquen las tarifas preferenciales en los colectivos foráneos y los taxis es el 28 de junio, mientras que en los camiones urbanos ya se aplica una de 2.50 pesos pese a que no se contempló aumento tarifario en ese esquema.
Se desconoce si los camiones urbanos aplican descuentos a personas con discapacidad o personas de la tercera edad, por otro lado los taxis no aplican descuento a estudiantes pero en los colectivos de manera no oficial se sabe que sí hay un descuento para este sector poblacional; además los taxis ofrecen el servicio gratuito en un determinado número de ocasiones a las personas discapacitadas en un lapso establecido.
Ante tal confusión, en la aplicación de descuentos a personas vulnerables, la presidente del OCM aclaró que se deben establecer los mecanismos para que resulten funcionales los descuentos para los beneficiarios: “En el transporte colectivo foráneo no existe el mecanismo, entonces lo que tendrá que hacer la autoridad en este plazo de 90 días será establecer un mecanismo preferentemente afín a los dos sistemas de transporte que pueden compartir descuentos y definir cómo operaría ese mecanismo”.
Ruvalcaba Sánchez reiteró que tal y como se solicitó durante la última sesión del Consejo Consultivo del Transporte Público, debería homogeneizarse la manera en la que se brindan los descuentos para todos los esquemas de transporte público, pues, por ejemplo, existen estudiantes que no sólo utilizan el transporte público urbano, sino que también se suben a los colectivos foráneos: “Lo ideal sería que la misma tarjeta pudiera aplicar en los dos casos”.
Actualmente las personas con discapacidad cuentan con unas credenciales federales que avalan el tipo de discapacidad que poseen, con la probablemente que reciben descuentos en el transporte público, mientras que las personas de la tercera edad tienen que mostrar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Mayores para poder hacerlo, aunque tampoco es seguro que los descuentos se apliquen en ellos.
Una de las recomendaciones que hizo el OCM en el proceso de determinación de la tarifa era que se caracterice a los diferentes sectores que serán acreedores a los diferentes descuentos: “El gran cuestionamiento es ¿son todos los estudiantes?, ¿son todos los adultos mayores? Si la respuesta es no, entonces la pregunta es ¿cuáles sí y cuáles no?, ¿cómo acceden ellos a este beneficio?”.
