- La magistrada inaugura Jornadas Justicia Electoral e Igualdad de Derechos y afirma que, a través de sus sentencias, tesis y jurisprudencias, el TEPJF juzga con perspectiva de género
La magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la obligación constitucional de generar acciones que permitan lograr que todas las personas que consideren que han visto violentados sus derechos político-electorales puedan tener acceso pleno a la justicia.
En la inauguración de las Jornadas Justicia Electoral e Igualdad de Derechos celebrada en esta ciudad, la magistrada Soto Fregoso dijo que derivado del proceso electoral 2017-2018, el TEPJF advirtió la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos enfocados en tres vertientes: los derechos político-electorales de las mujeres; derechos de personas con discapacidad y derechos de las personas de la diversidad sexual, de cara a los estados donde se celebrarán elecciones en 2019.
Señaló que la democracia mexicana requiere de la participación de toda la sociedad en los asuntos públicos, por lo cual debemos reconocer que la sociedad es diversa y plural: “Una sociedad plena, es una sociedad igualitaria, civilizada y feliz en la que podemos convivir todos ejerciendo de manera igualitaria nuestros derechos”.
Afirmó que, aunque se ha logrado la paridad consagrada en la Constitución, ahora nos toca hacerla viva y sustantiva, por lo que nos queda un largo trecho por recorrer, en el cual podemos decir que el Tribunal Electoral, a través de sus sentencias, tesis y jurisprudencias juzga con perspectiva de género.
A la inauguración en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asistieron Petra Mejorado Bretado, comisionada de Atención a Víctimas; Laura Elena Estrada Rodríguez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres; María del Rosario Castro Lozano, coordinadora General del Gobierno del Estado; Javier Mier Mier, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango y Marco Antonio Güereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.
Con información del TEPJF
