- La legislación relativa a ciencia, tecnología e innovación debe constituirse en una política de Estado para evitar decisiones de carácter presidencialista y de corto plazo
- El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales emitió un pronunciamiento en el que destacó la necesidad de mejorar la Ley de CTI de 2002, sin repetir errores de falta de visión
La Ley que actualmente rige al sistema de Ciencia y Tecnología, aprobada en 2002, debe ser mejorada en muchos aspectos a partir de un ejercicio crítico, pero de ninguna manera puede establecer principios o reglas que limiten los objetivos, alcances, intereses y formas de desarrollar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
De esta forma manifiesta el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso) su postura ante cualquier legislación relativa a ciencia, tecnología e innovación (CTI), cuyo desarrollo debe constituirse en una política de Estado para evitar decisiones de carácter presidencialista y de corto plazo, como sucedió en el pasado y que desembocaron en políticas gubernamentales sin continuidad.
En un pronunciamiento por la entidad, que conjunta 86 instituciones asociadas de todo el país, celebra la oportunidad de revisar la legislación que actualmente rige al sistema de CTI y aporta, en el documento, apreciaciones que deben ser consideradas en cualquier iniciativa de ley relativa al tema.
Sobre la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el sistema de CTI, el comunicado señala que la institución tiene la rectoría del sistema, pero no es el único ni el principal actor: “De ahí que las mejoras a la LCTI deban enfocarse principalmente en normar los mecanismos de integración, coordinación y gobernanza del sistema, evaluando sus logros y limitaciones.
“En particular, es preciso que la ley establezca y fortalezca mecanismos para ampliar y democratizar los cuerpos colegiados intermedios en donde estén representados los diferentes actores del sistema, así como para darles mayores capacidades de decisión”.
Es así que destaca la importancia de establecer el mínimo del uno por ciento del PIB otorgado anualmente a la CTI, así como que se acentúe federalización de la CTI, y se fortalezcan los organismos públicos que la regulan en cada una las entidades federativas.
Comecso es una organización nacional fundada en 1977 y, a partir de la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología en julio de 2002, se integró como miembro de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Es deseable, conforme al documento, que una ley de este tipo reconozca la diversidad de campos que desarrollan investigación en nuestro país; que establezca el respeto a la diversidad teórica y al uso de paradigmas alternativos; asegure la libertad de investigación que hasta ahora ha regido en las instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y otras instituciones del país y garantice que este principio se ejerza en apego a la responsabilidad social a la que se deben las instituciones públicas.
Alude también a la importancia de fortalecer al Sistema de Centros Públicos de Investigación que requieren contar con un techo garantizado de recursos financieros, así como con la autonomía para su ejercicio y funcionamiento.
El Comecso sugiere que las políticas públicas que rijan el sistema de CTI deban ser sometidas a diagnósticos periódicos para revisar su estructura, funcionamiento, integración, representación y formas de participación. Esos diagnósticos deberán ser realizados por expertos en la materia y sustentados en evidencias y de suscitarse cambios deberán incluir una estrategia de largo plazo que fomente proyectos colaborativos a partir de las capacidades de las instituciones.
Deja claro que la Ley de CTI debe referirse exclusivamente a los principios que rigen la política de Estado y al sistema nacional de CTI: “Otros ordenamientos referentes a la organización de instituciones de la administración pública no deberán estar contenidos en este instrumento legal”.
La comunidad académica de ciencias sociales se manifiesta concordante con lo planteado en el documento Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en CTI, entregado en agosto al entonces presidente electo, y reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones a los grandes problemas del país. Además, sostiene su interés en que la revisión de las políticas de CTI conduzcan a un ejercicio más imaginativo, interdisciplinario y eficaz de la investigación, así como a mejores mecanismos de promoción, evaluación y diversificación de la actividad de los investigadores.
