- Constructoras no exigían la contratación del servicio a los usuarios
- Hay viviendas que en cinco años no han pagado un solo peso por el servicio
La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Capas) del municipio de Jesús María sigue buscando regularizar a hogares que están usando el servicio de agua potable de manera clandestina, principalmente provocado por las constructoras de viviendas que entregaban las casas con el servicio de agua, pero sin un contrato formalizado.
Así lo manifestó el titular de la dependencia, Juan Pedro Muñoz Ortega: “Desde el 2017, cuando tuve la oportunidad de llegar a la comisión, nos dimos a la tarea de hacer un monitoreo de todas las tomas y nos encontramos muchos casos en los que, por algún motivo, las constructoras nunca les exigían hacer la contratación del servicio a los usuarios”. Calculó que las pérdidas económicas que esto representa para las arcas municipales rondan los 225 mil pesos mensualmente.
Consideró que estas tomas clandestinas persisten desde hace cuatro o cinco años sin pagar un solo peso por el uso del servicio, por ello desde el 2017 se han dado a la tarea de regularizar a estos usuarios, aunque actualmente aún hay una buena cantidad que siguen sin tener un contrato formalizado.
Además, a fin de prevenir esta situación a futuro, se contactan con los promotores de vivienda de tal manera que al momento que entreguen la casa sea sin servicios, a fin de que se vean obligados a realizar el contrato en la Comisión del Agua para formalizar el servicio.
También se han detectado tomas irregulares en comunidades cercanas a la cabecera municipal de Jesús María, pues para poder hacer el contrato del servicio de agua se les solicitaba una escritura pública o cualquier documento que comprobara la tenencia de la tierra, por ese motivo, principalmente en asentamientos irregulares, las personas no podían dar cumplimiento con el requisito y optaban por las tomas clandestinas.
“Generalmente en estos asientos humanos irregulares no hay un contrato público de compra venta y todo es a través de un contrato privado. Entonces, ese documento, como no es un documento oficial que compruebe la tenencia oficial de estos usuarios, generalmente se les negaba ese servicio. En lo que va de la administración hemos sido un poco más flexibles en ese sentido y hemos estado aceptando este tipo de documentos como constancia de propiedad pues al final del día son usuarios que se van a conectar, entonces más vale que estén pagando a que estén sin pagar”, señaló Pedro Muñoz.
