- De enero a julio de este año han sido presentadas ante Migración 109 mil 487 personas con solicitudes para regularizar su estancia en territorio nacional
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha deportado a 97 mil centroamericanos y atiende la situación jurídica de otros 109 mil 487 extranjeros que esperan una resolución para sus casos, lo cual puede derivar en la regularización de su estatus migratorio en territorio mexicano o en nuevas deportaciones.
Rafael Alonso Hernández López, presidente del Consejo Ciudadano del INM, dijo en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que estas medidas de contención del gobierno mexicano no toma en cuenta el contexto social de los migrantes y evidencia que no hay una política migratoria de carácter integral.
Por décadas, México ha atendido el tema migratorio como si fueran eventualidades. Hoy son los centroamericanos pero mañana serán los mexicanos devueltos por Estados Unidos. “Nuestro país, necesita definir una política migratoria como parte de la política de Estado”.
Aunque en el discurso esté presente el respeto a los derechos humanos de los migrantes, lo cierto es que esta contención migratoria no se traduce en cumplimiento de esas garantías sino que “es francamente una política de expulsión que consiste en detectar, detener y expulsar a las personas extranjeras sin documentos”.
Esta decisión, difícilmente pone sobre la balanza el contexto regional y es humano entender que estas personas en su mayoría salen de sus países de origen forzadas por la miseria o porque son víctimas de la violencia o una combinación de ambas.
Las solicitudes de refugio han crecido exponencialmente: en el 2014 se registraron aproximadamente 2 mil 137 solicitudes de asilo o residencia; para 2018 las solicitudes sumaron 29 mil 647 casos. Hasta el mes pasado había 31 mil solicitantes de la figura de refugiado como estatus migratorio legal. Eso demuestra que las personas siguen huyendo de la violencia y la miseria que hay en sus países de origen.
Alonso Hernández López, también académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef), explicó al Foro Consultivo que: “cuando se utiliza la contención migratoria como primer mecanismo de acción, impides que muchas de las personas que solicitan refugio accedan a la protección”.
Añadió que la falta de regularización migratoria va en contra de los derechos de las personas, por lo que se necesitan mecanismos accesibles para la regulación de los migrantes, pues cuando las personas pueden acceder a un documento que acredite su legal estancia en el país sus condiciones cambian, su vulnerabilidad disminuye y por tanto el acceso a derechos va incrementando.
Si bien el Plan para el Desarrollo de Centro América es una buena estrategia, los resultados se verán en el largo plazo; justo ahora se requiere generar acciones inmediatas que ofrezcan protección y alternativas para estas personas; es decir, una política de acogida e inserción en nuestro país: “El tema más importante es la definición de una política migratoria y es importante porque generas institucionalidad, rutas de acción para cada dinámica migratoria y todo con un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos”.
Con información del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
