- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, brindó una conferencia magistral sobre los tópicos del nuevo Sistema de Justicia Penal
- Dado a que la Guardia Nacional no ha firmado el convenio con Aguascalientes dictado por el artículo 24 de su propia ley, sus elementos no podrán funcionar como primeros respondientes
El fin de semana se llevó a cabo en el Casino de la Feria el XLVII Congreso Nacional Aguascalientes 2019, organizado por el organismo Concaam, que es la convergencia de la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Se presentaron conferencias magistrales referentes a tópicos actuales en materia de derecho en México, por ejemplo: La lucha contra la corrupción del marco de la cuarta transformación, la prisión preventiva en México, el reto de defender su capacitación excepcional, entre otras.
Por parte de Aguascalientes, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, brindó una conferencia magistral sobre los tópicos del nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde detalló puntos a afrontar para que, en vez de querer regresar al sistema antiguo (tradicional), se pueda tener un crecimiento con el esquema actual (acusatorio).
Jesús Figueroa Ortega señaló: “Lo que primeramente me gustaría comentarles es la idea desterrada de que es conveniente una contrarreforma al sistema de justicia y regresar al sistema anterior”.
“Me gustaría desterrar la idea de una contrarreforma al sistema de justicia”, refiriéndose que es completamente impertinente pensar que el sistema anterior es mejor que el actual. Aunque sí comentó que este esquema está sujeto a críticas bien razonadas. Lo anterior, dado a que en el Congreso se han presentado iniciativas con la meta de regresar al sistema tradicional, apunta el fiscal.
Aguascalientes tenía la idea de regresar a lo que antes se tenía como delitos graves, evitando las medidas cautelares (facultad sólo jurisdiccional por el juez de control) que todavía no se aprenden a manejar. Las medidas cautelares se dan en dos vertientes: los delitos que darán pase directo a la prisión preventiva oficiosa, o los que deben ser debatidos en audiencia para prisión preventiva justificada. Esto quiere decir que hay diferentes formas de llegar a prisión y los abogados tienen que entender que no todo es prisión preventiva directa, la justificada es otra salida
Otro tema tocado por el fiscal general fue el establecimiento de principios como base del sistema acusatorio, concretamente esto quiere decir que “no todo va a estar dentro de la norma jurídica, va haber principios que se van a tener que regir, aun y cuando no estén completamente definidos en la ley”, para lo cual presentó algunos de los principios en los que va a descansar el sistema para su mejor desarrollo (cabe destacar que estos principios son mencionados por la constitución, pero no definidos):
*Principios rectores del sistema: cómo se van a llevar a cabo las audiencias; levantadas mediante un juez, tienen que ser públicas y continuas.
*Principios procesales: en específico se ahonda en el tan usado término de presunción de inocencia, que descansa en el sistema de justicia penal: “Todas las autoridades deberán de respetar que una persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad”.
*Principios doctrinales: son aquellos que se basan en la teoría y son todos aquellos que se pueden obtener también del derecho civil (base del derecho) o hasta en el derecho romano como lo es el contrato o los fraudes.
*Principios generales del derecho: referidos a los juicios de orden civil; en México no se pueden ubicar estos principios, según comenta Jesús Figueroa Ortega. De manera analógica se pueden comparar un poco con las reglas del debido proceso y que consisten en cómo se tiene que llamar a una persona a juicio, la oportunidad para defenderse, oportunidad de impugnaciones, alegatos, pruebas, entre otras ramas.
Los principios aquí destacados sirven para disminuir la violación de las garantías individuales pues, afirma el fiscal del estado, el derecho penal es el que tiene más afectaciones a los derechos humanos.
Tópico más criticado dentro del sistema acusatorio
No todo tiene que llevarse a juicio, explicó el fiscal, pues no es posible que éste resuelva todos los conflictos de naturaleza penal, es por eso que se establecieron las salidas alternas y la forma de terminación anticipada. De este modo otros órganos que no son necesariamente judiciales podrán dar resolución y ayudar al sobrecargo de trabajo de los jueces. Es claro que las dos opciones permiten acortar el cualquier conflicto y se pueden priorizar delitos de más gravedad ante los jueces.
No obstante, el fiscal sí destaca sucesos que están siendo una realidad en materia de derecho en varios estados de la República. Estos tienen que ver directamente con la capacidad de los sujetos procesales y la respuesta del estado ante el sistema acusatorio:
*Hay una mala actuación del policía como primer respondiente, no están propiamente preparados. Complementando, la Guardia Nacional también se verá involucrada en este aspecto. Se espera que genere un conflicto pues no tienen la capacidad de ser como primer respondiente (no se ha firmado el convenio del artículo 24 de la ley de la Guardia Nacional). Si el oficial no está preparado contaminará el caso. Jesús Figueroa Ortega dejó claro que, sin haber firmado este convenio, los elementos de la Guardia Nacional no pueden fungir como primeros respondientes. Si el convenio se llegase a firmar, se tiene que definir una metodología de regularización para que todos estén correctamente preparados.
*Existen un número de jueces insuficiente; se está dejando en libertad a las personas porque no se obedece la agilidad (dos años) en los procesos de derecho.
*La agenda judicial no se está cumpliendo, problema que tiene raíz en el número deficiente de jueces y que también recae en la mala fama que el sistema acusatorio ha tenido por parte de la sociedad.
*Celebraciones de juicios ordinarios
Para que este “nuevo” sistema penal pueda funcionar mejor “ocupamos más jueces” para resolver el tema de la impunidad en el país, de hecho, la reforma del 2008 que dio paso al actual esquema fue para resolver la problemática de impunidad que México estaba (y lamentablemente sigue) viviendo. El fiscal general del estado dijo que “si no hay jueces, no hay audiencias; si no hay audiencias, no hay procesos y; si no hay procesos va haber impunidad”.
