- Dinero que se pagará por los materiales es completamente ilegal, aseguran
- El contenedor es propiedad del Municipio, pero no su contenido: chatarreros
Ahora fue la Asociación de Recicladores de Aguascalientes la que arremetió en contra de las autoridades municipales, pues encuentra lesivo para la economía con la que se soporta a cientos de familias, que el Municipio instale más de 100 centros de acopio pertenecientes al programa Bono Verde, lo que va en contra de los 50 que, desde hace años, se encuentran establecidos en la capital.
Alejandro García Gómez, defensor legal de la Asociación de Recicladores de Aguascalientes, señaló que son varias las formas jurídicas que pudieron haberse interpuesto en contra del Municipio, pero la Asociación a la que ahora defiende optó por el juicio de amparo contra el Bono Verde. Con base en esta forma jurídica existen tres situaciones en las que se basa: la primera es que el Municipio no cuenta con las facultades de realizar la compra-venta de los materiales; la segunda es que se está generando una competencia desleal, ya que los chatarreros serán eliminados de sus funciones comerciales por los bajos costos que le genera la captación de materiales al Municipio; y la última es que no existe en el Presupuesto de Egresos, ni en la Ley de Ingresos, información sobre el programa, lo cual demuestra ilegalidad, por lo que el dinero que se pagará por la compra se mantendrá en este estatus.
Por su parte, Israel Ortega González, presidente de la Asociación de Recicladores de Aguascalientes, aseguró que los chatarreros están establecidos en la entidad desde hace décadas y cuentan con la plena capacidad de controlar el reciclaje de los materiales que se captan todos los días, además generan empleos y contribuyen con sus impuestos puntualmente, por lo que no hay lógica en la exclusión que ahora hace el Gobierno municipal hacia ellos.
Los inconformes encuentran que las acciones de las autoridades municipales responden al monopolio de la recolección y de la captación de la basura en la entidad. Aseguraron que las autoridades lamentablemente no han analizado el duro golpe que le darán a la sociedad, sobre todo a los más pobres de nuestra capital, “miles de familias se van a quedar sin trabajo… el contenedor es propiedad del Municipio, pero no su contenido”. También consideraron que si ya de por sí las condiciones que mantiene el desempleo en el estado son críticas, con esto empeorarán: miles de personas sostienen a sus familias a partir de la recolección de materiales de los contenedores todos los días.
