La capital chilena y otras ciudades del país buscaban el martes recuperar cierta normalidad tras varios días de intensas protestas, que han dejado 15 muertos y más de 2 mil 600 detenidos a nivel nacional, aunque las calles del centro aún estaban plagadas de escombros y restos de barricadas humeantes.
Grupos de estudiantes voluntarios ayudaban a recoger trozos de concreto y vidrios tras las manifestaciones recientes, que han comenzado usualmente como actividades pacíficas, pero han derivado en desmanes y saqueos propiciados por encapuchados.
Las calles estaban ocupadas además por transeúntes que buscaban la forma de llegar a sus trabajos pese al limitado transporte público, que fue blanco de los destrozos cuando se inició la revuelta por un alza en el precio del tren subterráneo de Santiago.
“Por una parte estamos de acuerdo con todo esto, nosotros ganamos poca plata, apenas nos alcanza para pagar el pasaje. Lo que no apoyo son los desórdenes, los saqueos. Eso no debería estar pasando”, dijo Roxana Yañez de 56 años, quien luchaba por llegar a su trabajo.
Largas filas en los contados supermercados operativos y en cajeros automáticos para buscar efectivo seguían marcando las primeras horas de la jornada.
El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la Fiscalía investiga las muertes de personas baleadas y que hay casi dos centenares de heridos entre civiles y uniformados.
En tanto, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo y controlada por BHP, iniciaron una paralización de cinco horas en apoyo a las protestas, dijo a Reuters el jefe del gremio, Patricio Tapia.
Respecto a las eventuales pérdidas de producción, el dirigente explicó que “en el trabajo de todos los días la vamos a recuperar”.
El aeropuerto de Santiago, que sufrió centenares de cancelaciones de vuelos y retrasos, retomaba lentamente la normalidad de sus operaciones.
Las protestas se iniciaron con convocatorias de estudiantes a través de redes sociales para evadir el pago del pasaje del Metro, el más moderno de América Latina. Sin embargo, durante el estallido social se sumaron demandas de larga data sobre inequidad en el acceso a la educación, a la salud y pensiones insuficientes, entre otros.
Los saqueos masivos y la destrucción de mobiliario urbano llevaron a las autoridades a declarar estado de emergencia y toque de queda en la capital, una medida no vista en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Los militares custodiaban la capital y otras ciudades.
Ante una serie de videos divulgados en redes sociales denunciando abusos por parte de las fuerzas militares, el general designado para la seguridad de la capital, Javier Iturriaga, dijo que cooperarán en esclarecer las posibles faltas.
“Sé que hay videos circulando donde mucha gente trata de exacerbar y acusarnos de una violencia desmedida (…). Estamos investigando todas las situaciones, aquí no vamos a ocultar nada”, comentó a periodistas.
El general dijo que la noche del lunes se observó una disminución de hechos violentos y vandálicos. El estallido social ocurre semanas antes de que Chile sea sede de la cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) y luego de la cumbre sobre cambio climático de la ONU COP25.
Con información de La Jornada
