- Dar el derecho al voto a personas privadas de su libertad es una forma de que no terminen de perder los lazos con su comunidad
- En el país hay 200 mil personas en centros de readaptación social, de las cuales 40% no tienen sentencia definitiva
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, participaron en el Foro de Debate Juvenil Universitario, sobre el derecho al voto de las personas presas a las que no se les ha dictado sentencia definitiva.
Los magistrados llevaron a cabo el encuentro con los jóvenes estudiantes de escuelas como Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Escuela Libre de Derecho, UAM, UNAM, Universidad del Valle de México y Latinoamericana, como parte de la Segunda Semana de la Escuela Judicial Electoral (EJE).
El debate -moderado por la directora de la EJE, Gabriela Ruvalcaba- se centró en el asunto SUP-JDC-352/2018, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata y resuelto por la Sala Superior del TEPJF el 20 de febrero de este año, relacionado con el derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva, y en el que se concluyó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe implementar pruebas, en varias entidades y centros de readaptación, y emitir lineamientos para que quienes se encuentren en ese caso puedan votar en 2024.
Una estudiante preguntó si sería libre el voto que emitan los presos en los centros de reclusión, ya que al tener carencias podrían vender su sufragio, a lo que el magistrado José Luis Vargas, refirió que el reto que se le encargó al INE es diseñar un mecanismo que prevea todos estos escenarios.
Otro joven cuestionó la situación en que viven los reos, por ejemplo, sin derecho a salud digna, a lo que el magistrado Felipe de la Mata respondió que como sociedad hay que voltear a verlos. “No hay que olvidarlos como sociedad”, afirmó, y dijo que darles el derecho al voto es una forma de que no terminen de perder los lazos con su comunidad.
El magistrado Vargas aceptó que el reto no es fácil y recordó que en el país hay 200 mil personas en centros de readaptación social, de las cuales 40% no tienen sentencia definitiva; a pregunta de cómo podría hacer el INE para cumplir ante el recorte al presupuesto que sufrió para 2020, opinó que tendrán que prever ese escenario y en su momento emitir sus argumentos de la importancia de esta medida ante los legisladores.
Felipe de la Mata indicó a pregunta sobre cómo se podrá hacer llegar información de las campañas a las cárceles, que se deberá analizar cada caso en particular y también deberá valorarlo el INE.
Con información del TEPJF
