“La reciente situación de alerta sanitaria que vivo nuestro país, con motivo de la epidemia de influenza A H1N1, puso al descubierto cuan frágil y vulnerable es nuestro sistema de salud”, así lo señaló la Diputada Lorena Martínez- en la Comisión Permanente- al presentar conjuntamente con el Diputado Emilio Gamboa Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, cuya finalidad es crear las herramientas jurídicas necesarias para poder enfrentar un grave problema de salud pública, como son las enfermedades llamadas intrahospitalarias o nosocomiales.
La diputada expresó que la OMS ha señalado que los hospitales deben ser establecimientos sanitarios seguros en situaciones de emergencia. Los hospitales no sólo son edificios. Son un bien vital de la comunidad. El lugar donde suele comenzar y terminar la vida. Dado el papel fundamental que desempeñan en nuestras comunidades, todos tenemos la responsabilidad de lograr que los hospitales sean resistentes en situaciones de emergencia.
Sin embargo la situación de emergencia sanitaria que todavía esta latente, evidenció también la falta de coordinación, de comunicación, insuficiencia en el servicio y la carencia de una cultura profiláctica intrahospitalaria, factores que se sumaron y complicaron la respuesta que esperaba la población, con el resultado de que el único país en el mundo que supera las 70 defunciones a causa del virus de la influenza A(H1N1) es México, no obstante que está demostrado que la infección no tiene su origen en nuestro país.
Se calcula que en México entre el 10 y el 15% de pacientes hospitalizados contrae algún tipo de infección nosocomial, no obstante que nuestro sistema de salud es más reducido con respecto al tamaño de la población, y como la capacidad obliga a atender menos pacientes se le da preferencia a los enfermos más graves, quienes requieren intervenciones complejas que afectan a múltiples sistemas de su organismo y les hacen más vulnerables a microorganismos.
También deben considerarse los problemas de infraestructura; y no se habla sólo de los edificios, sino de la preparación del personal, la disposición de medicamentos y otros factores como las condiciones de limpieza y asepsia en áreas, equipos y personal.
La legisladora señaló que “En nuestro país, hay cerca de siete millones de hospitalizaciones al año y se calcula que por lo menos 1 de cada 10 pacientes presentan una infección nosocomial, entre los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones dentro de los hospitales, se encuentran los niños recién nacidos, ancianos, pacientes cuyo sistema de defensas se encuentra limitado, quienes padecen diabetes, cirrosis, cáncer o han recibido un trasplante, así como personas que son sometidas a cirugía y procedimientos invasivos, ya que tienen que permanecer internados más tiempo, requieren el uso de sondas o necesitan de un sistema de apoyo para respirar”.
La principal causa de las infecciones intrahospitalarias está en las manos contaminadas, cuartos sucios, equipo inadecuadamente lavado y desinfectado y procedimientos médicos o de enfermería laxos.
Por lo anterior las modificaciones que se proponen además de contribuir a disminuir las infecciones nosocomiales, mejorarán la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a la población, e igualmente representarán una alternativa para reducir el costo de día-cama de hospitalización y la estancia del paciente, puntualizó la diputada.
También se propone considerar, como materia de salubridad general el control sanitario de clínicas y hospitales, así como establecer que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud será la promoción de sistemas de inocuidad, vigilancia epidemiológica y control sanitario nosocomial.
En este marco corresponderá a la Secretaría de Salud promover medidas de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, así como su estudio, previéndose la distribución de competencias con las entidades federativas. Así la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos a la población en general y a los servicios sociales y privado, finalizó la legisladora federal.
