A partir de que se publique en el diario oficial, 22 días, máximo, los funcionarios que reincidan en infracciones consideradas como “muy graves” en la ley de transparencia local, serán sancionados con el cese de su cargo, según se lee en las modificaciones a dicha ley aprobadas ayer por unanimidad en el Congreso estatal.
A propuesta del grupo parlamentario del PAN “la reincidencia en las infracciones marcadas como muy graves en esta ley, serán consideradas como causal de rescisión del funcionario público”, se lee en las modificaciones al artículo 72 de la ley.
La ley de transparencia local considera como “muy grave” proporcionar información de carácter personal; recolectar datos de forma engañosa y fraudulenta; otorgar datos de investigaciones policiales y reiterar la negativa de acceso a la información cuando el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) determine que la información se debe proporcionar, entre otros.
A las infracciones se le agregará a partir de esta re-forma “obstruir el ejercicio de la función inspectora; negar o limitar el derecho de acceso a la información cuando no aplique como sustento de dicha negativa el carácter de reserva o confidencialidad a la información solicitada”.
En su exposición de motivos, los diputados argumentaron que estas reformas tienen por objeto “establecer los mecanismos de transparencia para que las personas se encuentren cada día mejor informadas de las actividades que se realizan en favor de la sociedad aguscalentense, ya que el derecho a la información nos garantiza un rendimiento de cuentas objetivo, veraz y oportuno por parte de las instituciones y organismos que representan nuestro estado”, se lee.
Sin embargo, la ley de transparencia local sigue sancionando únicamente a los “enlaces” entre las dependencias y la ciudadanía, no siendo éstos quienes resguardan la información pública.
En la sesión de ayer del Congreso del estado, también se aprobó un “dictamen de la comisión de gobernación y puntos constitucionales, que contiene la Iniciativa de reformas a la constitución política local, en sus Artículos 38, 39 y 42, presentada por el Ciudadano Diputado Francisco Díaz Alvarado, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el objeto de precisar “los requisitos negativos” para ser gobernador, así como los supuestos y procedimientos para suplir la falta definitiva como temporal del mandatario”, se lee en boletín enviado por el Congreso estatal.
Además de que “se avaló por unanimidad el dictamen de la comisión de justicia, correspondiente a la Iniciativa de adición y reformas a diversos artículos de la legislación penal para el estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Alberto Solís Farías, a nombre del grupo parlamentario del PRI para declararla improcedente, por ya no ser materia competencial del Poder Legislativo, el fortalecimiento a la penalidad del delito de secuestro, y en consecuencia, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido”.
