La iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, en la que se pretende hacer obligatorio que los aspirantes a puestos de elección popular presenten su declaración patrimonial antes de las elecciones, es vista con buenos ojos en la comisión de asuntos electorales.
Esta propuesta, que tiene el objetivo de que, a quien llegue a un cargo de elección popular, se le pueda monitorear que no tenga enriquecimiento ilícito, fue presentada por el diputado Jaime Gallo Camacho, secretario de la comisión de asuntos electorales del Congreso del Estado.
Al respecto, el presidente de dicha comisión, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Gerardo Sánchez Garibay, indicó que estarán analizando la viabilidad del proyecto, agregando que a título personal, está de acuerdo con la iniciativa.
Sánchez Garibay indicó que “en lo personal, comparto yo que los que aspiramos a cargo de elección popular, en su momento somos los primeros obligados a demostrarle a la sociedad que somos gente íntegra, de confiar, y por lo tanto, podemos hacer públicas nuestras declaraciones” para poder ser ajustados a cualquier escrutinio social, antes, durante y después de haberse desempeñado en el cargo popular.
Agregó que en lo que respecta al trabajo de la comisión, esta iniciativa estaría siendo turnada a la misma entre el día de ayer y el lunes, para que se proceda al análisis correspondiente, reiterando que si, dentro del marco jurídico y legal, esta iniciativa es factible, “lo habremos de apoyar”; añadió que en caso de que las leyes no lo permitieran, se podría analizar la opción de que esto se convierta en una opción personal para los candidatos, “pero de cara a la sociedad”.
Sobre el posible riesgo de que esto pusiera en riesgo la integridad de los aspirantes dado el nivel de inseguridad que se vive en Aguascalientes y en todo México, el legislador priísta comentó que “habrán de analizarse todas esas aristas” en el análisis jurídico y legal, poniendo énfasis tanto en la seguridad como en la tranquilidad de las familias de los candidatos.
Indicó que en la Constitución ya se establece que al tomar posesión de algún cargo público, se debe entregar la declaración patrimonial, realizándose el mismo ejercicio de manera anual hasta la conclusión del cargo.
Por otra parte, agregó que en la comisión habrán de analizar a conciencia la manera en que esta iniciativa se podría integrar a Código Electoral, ya que recordó que, como resultado de una reforma constitucional y electoral realizadas el año pasado, las cuales fueron muy apegadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), “estamos viviendo un proceso electoral atípico”.
Esto debido a que, además de que la alerta sanitaria limitó las actividades de los candidatos, la propia esencia del código electoral federal “nos llevó a buscar también interpretaciones, y ha limitado que la sociedad sepa que hay campañas y que va a haber elecciones, y esto obviamente limita la participación, cuando lo que debe hacerse es promover la participación”, por esto, tanto esta iniciativa como otras propuestas que han llegado, serán parte de un análisis de lo bueno del nuevo código electoral y lo que se debería de mejorar, para poder tenerlo listo antes del proceso de 2010, que inicia en diciembre de este año.
Por último, descartó que la reforma electoral esté derrotada, puesto que no está ni provocando ni promoviendo el ausentismo, recordando que la esencia de recortar los tiempos de campaña, también fue la de reducir los gastos destinados a las mismas y menos daño a la estructura urbana; “lo que falta es encontrar los mecanismos para que la sociedad sepa que se está en proceso y para que le llegue las propuestas de los candidatos y la plataforma política de los partidos”, añadiendo que también es responsabilidad de los candidatos “que no han sabido innovar para poder llegar a la sociedad”.
