Aunque mucho se ha polemizado el tema de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hacia los alimentos y medicinas, el presidente de la liga de economistas, Ricardo Rodríguez Vargas puntualizó en que además de ser un punto toral para la próxima legislatura es muy posible su implementación.
Esto, debido a que los impuestos indirectos son más fáciles de recabar que los directos, además de que los manejos de los recursos están convirtiéndose en una de las partes más esenciales para la vida pública por lo que la recaudación deberá de tener mayores alternativas pues hasta el momento la federación recaba el 80 por ciento de las finanzas públicas.
El agregado del IVA tendrá que ser correspondido por servicios públicos de calidad, aunque en este momento electoral la mayoría de los candidatos está inclinándose por una no implementición del gravamen, aseguró que la dinámica económica es casi inminente.
Dijo estar consciente de que este sea un golpe a la economía, sobre todo a los sectores más vulnerables, por lo que también consideró de suma importancia sus haga una reforma al gasto público, donde se obligue a los gobiernos a repartir los recursos de forma eficiente.
Aunque los empresarios exigen la eliminación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), Rodríguez Vargas aseguró que esta no es una reforma que se necesita para el desarrollo de país, pues de lograrse los beneficios serían pocos.
Por lo tanto, se pronunció a favor de una reforma fiscal integral, en la que se tomen en cuenta los indicadores económicos que han afectado tanto a la iniciativa privada como al sector público, donde llega a ser necesario un nuevo modelo de recaudación y una mejor distribución de los recursos.
Con este escenario financiero, los ayuntamientos deben de estar a expensas de los trámites y gestiones que se requieren para que recursos extraordinarios puedan llegar a sus respectivos municipios, lo que ha demostrado la incapacidad del federalismo que vive el país, de ahí parte la necesidad de una nueva reforma en la que se ponga en marcha una descentralización en materia burocrática y económica, indicó.
Sin embargo, señaló que los municipios también deberán de hacer su parte para la administración de sus finanzas publicas, en primer lugar aplicándolos de forma transparente para que los gobernados estén tranquilos acerca de la distribución. En segundo lugar, recomendó manejar políticas públicas de alto impacto, así como el manejo de un gobierno austero, en el que el pago de los servidores públicos no implique un alto costo económico.
