El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el congreso del estado externó hoy su preocupación y repudio por las recientes acciones de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que incluyen la denuncia penal contra funcionarios del ayuntamiento por presuntas irregularidades en el proyecto de modernización tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública.
En representación de la bancada tricolor, el diputado Juan Fernando Palomino Topete dijo que los actores políticos tienen la obligación de respetar la confidencialidad de un proceso legal tan complejo como lo es la auditoría y el esclarecimiento de las irregularidades detectadas por la misma, por lo cual calificó el actuar del PAN como electoralmente avaricioso y lejano a un interés genuino de la sociedad.
Acusó a “los dirigentes del panismo local” de cometer los delitos de falsificación de documento, excitación de los órganos jurisdiccionales y obstrucción de la justicia, pues sustenta su denuncia en pruebas apócrifas y exhibe públicamente documentos confidenciales que, además, fueron sustraídos de forma ilegal de la contraloría.
Palomino Topete sostuvo lo anterior basándose en que el informe que presenta Acción Nacional tiene fecha del 5 de marzo y menciona a Manuel Zúñiga como “actual secretario de administración”, cuando éste fue designado hasta el 14 de abril; en entrevista aparte, añadió que tanto la papelería, como la firma también son falsas.
El también presidente de la comisión de gobierno, reprochó la “ligereza” que el PAN “da por legales” los documentos que ostenta, cuando su mismo líder estatal dio a conocer que los recibió de manera anónima en un sobre amarillo cerrado, cuestionando entonces su forma de gobernar el estado y el país.
Los legisladores respaldaron lo que se ha mantenido estos días, en el sentido de que el municipio fue quien solicitó desde un inicio la auditoría, confiando en que tanto la contraloría, como en su momento la comisión de vigilancia y el ministerio público, sigan el asunto como les corresponde, con completa objetividad y en apego a la ley, enfatizando que cuando se cuente con todas las pruebas, “se aplicarán las sanciones administrativas y/o penales correspondientes”.
Asimismo, reiteraron que la actitud de los blanquiazules responde a la desesperación que sienten al ver perdida la elección del próximo domingo, pero también porque sienten en riesgo la elección a gobernador del año entrante, lo que los está llevando a pisar el terreno de la ilegalidad.
Expresaron que las administraciones del PRI no temen a la transparencia y que el órgano superior de fiscalización someterá a minucioso análisis las cuentas públicas de todos los municipios y del estado; el diputado Enrique Rangel, aprovechó el paso por este tema para presentar una copia de la página 7 del periódico oficial del 25 de mayo, con base en la cual aclaró que la deuda del municipio actual no es de 300 millones de pesos, como indicaría el informe de revisión al SUBSEMUN que presenta acción nacional, sino de 173 millones 333 mil 334 pesos más casi 60 millones de deuda heredada de otra administración, puntualizando que los recursos para 2009, “que son para los puentes”, aún no han sido pactados ni ejercidos.
Finalmente, los diputados señalaron que la ciudadanía “no es menor de edad” y aseguraron que más allá de estos conflictos, el segundo periodo de sesiones ordinarias se ha caracterizado por su productividad.
