Tras la detención de 17 empleados municipales involucrados en actividades proselitistas, Juan Ángel Pérez Talamantes, secretario general de gobierno, estableció que los funcionarios públicos son legalmente considerados como tales, dentro y fuera de su horario de trabajo, por lo que son sujetos de responsabilidad oficial.
El funcionario refirió que, aunque las actividades de los funcionarios públicos fuera de su jornada laboral son de carácter privado, no autoriza a que se vulnere la ley, aún más cuando los principios que rigen la función pública son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Explicó que a dichas acciones podrían aplicárseles responsabilidad penal por los delitos cometidos por los servidores públicos y responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que afecten a los principios inherentes al ejercicio de su cargo.
Lamentó que aún y cuando la administración estatal ha tendido puentes para trabajar en beneficio de la ciudadanía, se realicen este tipo de campañas que no abonan a la tranquilidad de los ciudadanos aguascalentenses en los días previos a la jornada electoral.
“Es muy lamentable que se incurra en descalificaciones en campañas negras, que además de transgredir gravemente el orden legal, atentan contra las reglas más elementales de la ética, del decoro, de la civilidad política; nosotros nos hemos manejado siempre tendiendo la mano, con la frente en alto, con las manos limpias y no se merece la ciudadanía de Aguascalientes un comportamiento de esa naturaleza de parte de sus autoridades”, expresó.
El secretario advirtió que el cumplimiento de la ley debe ser para todos y con mayor cuidado en aquellos que brindan su servicio a la ciudadanía.
Precisó que, tanto la constitución política del estado, como la ley de responsabilidades de los servidores públicos, señalan que para salvaguardar los principios que caracterizan a los trabajadores gubernamentales, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, deben cumplir el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión violatorio de leyes de orden público que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
Aseguró que se esperarán las investigaciones de la contraloría del estado con las pruebas que se recaben y que deberán aportar los involucrados, de cuyo resultado deberán aplicarse las sanciones correspondientes a esa conducta indebida.
