Reprobación causó entre los integrantes del congreso del estado el hecho de que en Aguascalientes, el 60 por ciento de los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobreviven con menos de cinco mil pesos al mes.
Representantes del PRI, PRD y Convergencia comentaron que entre los múltiples factores para que se dé esta situación, se podrían encontrar causas como la evasión fiscal por parte de los patrones, el tráfico de influencias entre los gobernantes y la incapacidad del gobierno federal para generar condiciones que permitan una mejor distribución de la riqueza.
De igual manera, resaltaron que a pesar de este problema, aún queda pendiente la gran cantidad de personas que no cuentan con empleo alguno.
El diputado priísta, Roberto Padilla Márquez comentó que esto se debe a que el gobierno de la República “no se ha preocupado por tratar verdaderamente el problema más álgido de este país, que es la injusticia social”, agregando que no ha sido capaz de generar las condiciones para que los empresarios puedan pagar mejores sueldos, por lo que se da “un círculo vicioso”.
Señaló que en estos momentos “la moda es hablar de seguridad pública, asignatura también pendiente”, a lo que agregó que el fondo de este problema, es la pauperización en que se encuentra la mayoría de las familias mexicanas, lo cual las puede llevar a la desesperación.
Indicó que aunado a las personas que “viven con esta cantidad tan precaria, nos falta hablar de la enorme cantidad de mexicanos que en estos momentos están sin empleo”, quienes se debaten en una situación de penuria, añadiendo que este es un problema que “el presidente de la República no solamente no ha atendido, sino que ha desdeñado, y con una carnicería que ha desatado en el país, pretende mantener altos índices de popularidad sin atender lo que es su obligación, que es la economía familiar”, para finalizar comentando que es necesario un cambio en la estructura económica del país.
Por su parte, la diputada perredista, Nora Ruvalcaba Gámez señaló que de esta información pueden desprenderse dos lecturas: la primera en el sentido de que los patrones en Aguascalientes adoptan una especie de elusión de impuestos, pues “inscriben a los trabajadores con un salario muy inferior al que realmente ingresan”, por lo que habría de llamar a que se hiciera un ajuste para eliminar esta práctica.
Mientras que la otra “es la realidad más preocupante”, que es que no se cumple con un mandato constitucional que establece que el salario debe ser suficiente para la vivienda, alimentación, vestido y la recreación, punto que dijo, tiene que ver mucho con la formación integral de las personas.
Apuntó que en este sentido, a nivel nacional habría que “solicitar esa desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para lo único que ha servido es para contener el salario, pero que nada se ha podido hacer para contener la alza de los precios”, lo cual ha redundado en una “pésima” calidad de vida.
También coincidió en que no se debe de dejar de lado a las personas que están desempleadas en estos momentos “y que no tienen ni siquiera un ingreso mínimo”; agregando que la solución podría llegar por medio de una política económica diferente, en donde no haya privilegios en la distribución de los ingresos y con un gobierno “que fije como prioridad no los privilegios de la clase política, sino ayudar a disminuir las condiciones de pobreza y desigualdad en que vive la mayoría de los mexicanos”.
Mientras tanto, el diputado convergente, Vicente Pérez Almanza comentó que estas personas cuentan con una posición “privilegiada”, si se compara que más del 50 por ciento de los mexicanos viven con menos de 25 pesos al día -750 pesos mensuales- de acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual significa que “apenas tienen para medio mitigar el hambre”.
Agregó que en Aguascalientes viven aproximadamente el 20 por ciento de estas personas, que las pone prácticamente en la miseria; apuntando que esto se ha dado debido al modelo económico neoliberal, que no ha redundado en un crecimiento económico a la par de otras naciones.
Señaló que el problema no son los salarios, pues estos son una “cuestión mínima en comparación con el tráfico de influencias, con el pago de favores, donde todos los negocios siempre quedan en familiares o en personas muy allegadas al gobernante”.
Finalizó comentando que se deberá implementar un nuevo modelo económico que permita una mejor distribución de la riqueza, “el libre mercado, pero con supervisión del Estado”, reiterando que si se manejara con ética y responsabilidad los recursos, el dinero en México alcanzaría para que no exista hambre.
