La iniciativa de reforma a la Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ayuntamiento de Jesús María, con la que se proponía que los municipios tuvieran la facultad de establecer sus propios valores catastrales (pago de predial), fue declarada como improcedente por las comisiones de fortalecimiento municipal y vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con esta reforma, el Ayuntamiento de Jesús María pretendía adherirse al artículo 115 de la Constitución Política de México, en el que se establece que los municipios pueden administrar libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan.
Con base a eso, la iniciativa presentada por el citado Ayuntamiento señala que el avalúo catastral permite determinar el valor de los predios y sus construcciones, lo cual sirve de sustento para asignar la basa gravable del impuesto predial, agregando que “este acto de valuación de predios y construcciones constituye un requisito indispensable para que la autoridad municipal pueda emitir la liquidación correspondiente”, apuntándose que en la actual Ley de Catastro del estado, los municipios no tienen injerencia alguna, por lo que la propuesta iba en el sentido de dar libertad tributaria a los municipios para establecer estos valores.
Sin embargo, las comisiones mencionadas advirtieron que si bien sí está bien fundamentada, de la misma Constitución se desprende que la libertad tributaria es relativa, y que son los Congresos locales los que tienen las facultades municipales en materia de ingresos, y por ende, también en el ámbito catastral, razón por la que consideraron la iniciativa improcedente.
De igual manera, se dictaminó que la reforma podría ser inconstitucional, pues podría darse una dualidad de funciones, dado que ya existe una dependencia estatal encargada de establecer las funciones en materia catastral –la Dirección de Catastro del gobierno del estado-, a la vez que de suceder esto, se podría dar el caso de que los ciudadanos se amparen contra la ley, por lo que la recaudación caería todavía en mayor medida.
Antes de la votación, el presidente de la comisión de vigilancia, el priísta Alberto Solís Farías reconoció que si los valores catastrales son añejos y no están acorde a la actualidad, se corre el riesgo de que la base del impuesto sea menor, y aunque la propuesta del municipio de Jesús María no era mala, reiteró que el problema es que esta materia no es de su competencia.
Por su parte, el panista Juan Antonio Martín del Campo mencionó que no han olvidado que desde el inicio de esta legislatura se llegó a un compromiso con los 11 alcaldes para trabajar a favor de los municipios del estado, reconociendo que estos pueden perder hasta 120 millones de pesos al año por no contar con las adecuaciones indicadas en los valores catastrales; a lo que Solís Farías respondió que efectivamente existe el compromiso, y que ira encaminado a fortalecer el marco jurídico para que los ayuntamientos puedan fortalecer sus arcas.
La perredista Nora Ruvalcaba, presidenta de la comisión de fortalecimiento municipal, señaló que es necesario que se dé un principio de equidad en el cobro de los prediales, para que quienes tengan más paguen más y quienes tienen menos paguen menos.
Posteriormente, en el apartado de asuntos generales, comentó que ante la inminente readecuación presupuestal, es necesario que se haga una evaluación de los municipios para comprobar si recursos entregados con anterioridad, correspondientes a un fondo resarcitorio, han sido utilizados para la creación de infraestructura y no para el gasto corriente.
